Desde el 1 de agosto de 2026 rige en Ecuador un alza del 25% en el transporte público inter e intraprovincial. En el fondo, es el síntoma más visible de un problema estructural; Ecuador no produce los combustibles que consume, y cada movimiento del barril del petróleo, golpea a toda la economía.
El detonante fue el fin de la compensación que el Gobierno sostuvo nueve meses (Decreto 428) para amortiguar la eliminación del subsidio al diésel. Entre enero y junio, ese gasto pasó de 8 a 110 millones de dólares, un salto de 1.275%. Al terminar la transferencia, la ANT reemplazó el tarifario sin actualizar desde 2021 con un ajuste del 25%. El Estado no eliminó el costo, lo trasladó al fisco y ahora al usuario, bajo el término de “regularización”.
El eslabón pendiente y de mayor impacto es el transporte de carga, excluido de toda compensación. El diésel pesa entre 30% y 50% en sus costos, y ese encarecimiento se traslada casi automáticamente al flete y de ahí a cada producto. Sin colchón estatal, el golpe inflacionario llega primero a los alimentos y a la producción agrícola. El INEC ya lo registra, inflación de 0,79% en junio, con transporte como factor clave, y Canasta Básica en 824,85 dólares frente a un ingreso de referencia de 899,73.
Daniel Noboa promete bajas graduales pero el mercado va en sentido contrario; el WTI cotizaba en 82 dólares el 10 de agosto, con alza de 5% en un día por la tensión en Ormuz, tras rozar 95,6 dólares en abril. El desfase de 45-60 días entre extracción y surtidor explica la baja actual, pero anticipa presión para septiembre. La calma es prestada, no ganada.
La paradoja es que Ecuador siendo exportador de petróleo, importa 80-85% del diésel, 71-73% de las naftas y más del 92% del GLP., mientras esa brecha persista, ningún decreto blindará al país, solo distribuirá en el tiempo un costo que no desaparece.
Lo que hoy sostiene el sistema no es un subsidio pleno, sino un mecanismo provisional: bandas, ajustes excepcionales, subsidio parcial al diésel que suaviza el golpe sin eliminarlo. Ese costo, tarde o temprano, alguien debe absorberlo: el consumidor, el Estado, o, como ya ocurre, ambos a la vez.
