En el Ecuador, ‘el melodrama’ de la justicia acompaña los desayunos de quienes observan como su país se disputa en la lucha eterna entre la eficiencia y la equidad y, en este sentido, la situación se evidencia con la disparidad entre los delitos flagrantes y aquellos que ‘abrazan’ a los ciudadanos comunes, cuyas almas quedan atrapadas en el abismo de la incertidumbre, Así, el telón de fondo de este teatro es la carestía de recursos y la indiferencia hacia las víctimas, un eco relmente sombrío que ha desatado llamados clamorosos en busca de reformas legales urgentes frente a un por demás notorio ‘naufragio de la justicia ecuatoriana’. Por qué se demora la justicia en el país.
No obstante, en medio de este ‘espectáculo’, la corrupción y la influencia política arrojan su sombra sobre los casos que los ‘delincuentes de cuello blanco’ convierten en un siniestro juego de poder; mientras tanto, el drama de los delitos sexuales y de la violencia intrafamiliar se desenvuelven dependiendo de varios factores, entre ellos el contexto socioeconómico de la víctima y los estándares impositivos de la Corte Nacional de Justicia.
Por otro lado, los delitos complejos, como la mala práctica médica, emergen como un laberinto de pruebas imposibles de descifrar, lo que, sumado a la carestía de recursos para contratar abogados privados, condena a los ciudadanos a la oscuridad jurídica. Pero, a pesar de estas inquietantes escenas, surge un rayo de esperanza en algunas provincias ecuatorianas, en las que la justicia se despliega con mayor agilidad y resistencia a la corrupción, en un cuadro que destila un indicio de justicia. Pero, aun así, los resultados exigen una mayor transparencia y reformas legales que puedan asegurar la libertad de la justicia.
El abismo entre los casos
flagrantes y no flagrantes
En este marco el delincuente es apresado con evidencias y puede ser llevado ante un juez que, en la mayoría de casos, dicta inmediatamente la prisión preventiva para evitar que este se fugue, según José Luis Díaz, abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción de Chimborazo, es decir que “la justicia en casos flagrantes es bastante eficiente, puesto que los procesos son bastante ágiles”.
Es de anotar que en el sistema judicial se ha notado una resolución veloz de casos en situaciones en las que el delito se ha cometido flagrantemente y el delincuente es detenido de inmediato, y esta agilidad sería impulsada por la premura de evitar la fuga del acusado y la acumulación de evidencia que apoya su culpabilidad, lo que conlleva a una actuación diligente por parte de los abogados y jueces involucrados en el proceso. Además, cuando un acusado se encuentra privado de la libertad los abogados defensores, muy a menudo, optan por buscar una resolución rápida en lugar de prolongar el caso, lo que se debe a que, en tales circunstancias, prolongar el proceso legal puede no ser beneficioso para su cliente; así, los abogados se inclinan hacia una conclusión del caso, buscando siempre un veredicto que favorezca al acusado o no les afecte mucho, por lo menos en el tiempo.
Por otro lado, Díaz destacó que los casos que no son flagrantes, como los de víctimas de violación, regularmente se demoran debido a la etapa investigativa y la posibilidad de que los delincuentes utilicen evasivas y pretextos para retrasar los procesos, a más de otros mecanismos como la intimidación, esto a través de amenazas, para que las víctimas se alejen del caso, sin descontar la huida del delincuente. Pero, en todos los escenarios mencionados se dificulta la obtención de evidencia y aumentan enormemente las posibilidades de caer en la impunidad.
Los medios en el cumplimiento de la justicia y los contrapesos de la democracia en plena vigencia
Luego de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) viene un cuarto, el cual, a pesar de no ser reconocido como tal, juega un rol importante en el movimiento de la justicia, y se trata de los medios de comunicación, los que tienen la facultad de ‘hacer bulla’ y/o ‘hacer mediáticos’ los casos ya que, cuando uno recibe atención periodística, la opinión pública y los contrapesos están sobre el mismo, lo que presiona a los operadores de justicia y reduce la probabilidad de impunidad. Por otro lado, los casos no mediáticos, a menudo, quedan en la impunidad, esto debido a la falta de atención pública.
En este sentido, en Riobamba se conoce el caso de los adultos mayores atropellados en la calle Olmedo, tragedia que tuvo un impacto a nivel nacional debido a la crudeza del vídeo captado por unas cámaras de vídeovigilancia del sector y la detención instantánea del culpable, por lo que, luego de aproximadamente tres meses, ya se llamaría a la audiencia final, situación contraria a lo sucedido con la historia de dos menores que serían abusados sexualmente por el dueño del departamento que sus padres arrendaban, pero que, lamentablemente, continúa estancado luego de aproximadamente 12 meses, e incluso posiblemente sea archivado.
Ante esto, Heather Vicuña, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, habló de la teoría de los contrapesos en la democracia, es decir cuando los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen contrapeso de los medios de comunicación, escenario en el cual se destaca el papel crucial de la prensa en la lucha contra el naufragio de la justicia, ya que la visibilidad de los casos a través de los medios evita que muchos delitos queden impunes.
¿Se requiere o no
una reforma legal?
Riobamba/ La justicia también tarda porque las leyes no le permiten avanzar, y esto debido a varios factores, pues, según José Luis Díaz, “la desprotección de las víctimas de escasos recursos económicos se presenta como un oscuro telón en el panorama de la justicia ecuatoriana, en el que aquellos ciudadanos que carecen de recursos y apoyo estatal están solos en medio de la tormenta legal; así, la necesidad urgente de una reforma legal clama por la implementación de un sistema que proporcione defensores públicos a las víctimas que, en su desventura, no tienen los medios suficientes para contratar abogados que puedan guiar sus pasos en el laberinto de la ley”.
Las leyes -en el Ecuador- tienen algunas imprecisiones, por lo que se alza la crítica enérgica a la flagrante falta de asistencia legal a las víctimas, una realidad que contrasta de manera ‘escalofriante’ con ‘el apoyo’ que el Estado brinda a los victimarios y delincuentes detenidos con la asignación de un abogado de oficio, convirtiendo al escenario de la justicia en un juego de irregularidades e injusticias.
¿Cuándo se retrasa a propósito un caso?
Los plazos legales para la fase de investigación previa son claves en el sistema judicial, estableciendo un año para delitos de prisión y dos años para los delitos de reclusión, y estos límites se han mantenido a pesar de las complicaciones presentadas; sin embargo, persisten preocupaciones en torno a la administración de justicia, especialmente en los casos de ‘delitos de cuello blanco’ que implican la corrupción de los políticos.
Al respecto, Darwin Cujilema anotó que, en estos casos, la influencia del poder político puede ralentizar a fiscales y jueces, socavando la objetividad y rapidez en la resolución de casos, y beneficiando a los acusados. Ejemplos notorios en la provincia de Chimborazo incluyen al exprefecto Mariano Curicama Guamán, acusado del delito de ‘diezmos’, y al exalcalde Delfín Quishpe Apugllón, acusado de tráfico de influencias.
Pero, pese a que los dos personajes mencionados han agotado dos instancias de culpabilidad, aún están a la espera de la casación, toda vez que la Corte Nacional de Justicia no ha convocado para resolver sus casos en última instancia, a pesar de que los delitos se cometieron hace varios años. Y esta demora en la justicia plantea diversas interrogantes sobre la verdadera eficacia de un sistema que no actúa con la debida celeridad y la búsqueda de justicia se alarga en el tiempo, dejando a las víctimas y a la sociedad -en general- en un estado de incertidumbre y notoria insatisfacción.
¿Qué delito tarda más en tener justicia?
En este orden se plantean desafíos significativos en la lucha contra la mala práctica médica, ya que los estándares requeridos para demostrar estos casos resultan sumamente exigentes y complicados de cumplir, lo que se traduce en una serie de obstáculos para obtener justicia en situaciones en las que varios pacientes han sufrido daños debido a negligencias médicas. La falta de claridad en la legislación y la existencia de ‘lagunas’ en las regulaciones permiten que estos casos queden sin una resolución adecuada.
Y un ejemplo se encuentra en Chambo, cuando Lía, una pequeña que acababa de cumplir su primer año de edad fue llevada al Subcentro de Salud del cantón mencionado para que le coloquen la vacuna correspondiente y otra que estaba de campaña; pero, lamentablemente, la menor falleció dos semanas después en el Hospital ‘Vozandes’, de la ciudad de Quito, anotándose que en la partida de defunción se registró “Efecto adverso a la vacuna viral”, aunque, a pesar de ello, los servidores judiciales ‘armaron un verdadero enredo’ y la respuesta final enviaba a ‘un túnel sin justicia’, mencionó desilusionada Nicol Villagómez, madre de la víctima
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