Ayer se anunció oficialmente que el país irá a una nueva consulta popular, con la que se pretende hacer ajustes al Código Orgánico Integral Penal, en materia de castigo para los infractores, y dar más garantías para los uniformados que cumplen con su deber de proteger a los ciudadanos de los delincuentes.
También se habla de que el Estado tenga la posibilidad de incautar bienes mal habidos productos de actividades ilícitas y corruptas. Si el país contará con un nivel de asamblea con asambleístas capaces, responsables y honestos, a lo mejor, no era necesaria una convocatoria a consulta popular, porque esos cambios bien podrían haberse canalizado por esta vía legislativa.
Pero, lamentablemente nadie confía en este organismo del Estado, y aún así, seguimos eligiendo legisladores cada cuatro años, a pesar de que sabemos que no harán nada en beneficio de los ecuatorianos. Debemos ser analíticos a la hora de emitir algún criterio sobre este poder del Estado.
Ojo, no estamos pretendiendo que el gobierno sea sólo el Ejecutivo, sino todo lo contrario, que quienes vayan a la asamblea lo hagan en verdad con un fin y una agenda única, que sea la de servicio popular, y no a los grupos de poder que representan.
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