Wilman Terán procesado a 9 años y 4 meses a prisión por caso Metástasis buscaba ser presidente de la república según asesores
Wilman Terán, exfuncionario de la Judicatura, tenía un plan ambicioso: alcanzar la Presidencia de Ecuador.
Según declaraciones de su exasesor, Santiago Cifuentes, este objetivo incluía estrategias polémicas y una organización estructurada que generó controversias.
La estructura de poder de Wilman Terán
Durante su gestión en el Consejo de la Judicatura, Terán habría creado una red denominada “ángeles negros”, dedicada a posicionar su imagen política.
Entre los integrantes se encontraba Anabel Torres, alias “Diamante”, y un grupo de asesores estratégicos que buscaban fortalecer su candidatura presidencial.
Cifuentes también reveló la existencia del “ejército invisible”, una presunta red de hackers que filtraba información confidencial de la Fiscalía y otras instituciones.
Además, señaló que Terán utilizaba tácticas de intimidación y control para asegurar la lealtad de su equipo.
Planes para destituir a la fiscal Diana Salazar
Otro de los aspectos clave de la declaración de Cifuentes fue la revelación de un plan para destituir a la fiscal general, Diana Salazar.
Este proyecto habría sido desarrollado en conjunto con otras figuras políticas y pretendía desacreditarla usando denuncias sin sustento.
La estrategia incluyó reuniones privadas, documentos manipulados y coordinación con otros vocales de la Judicatura.
Sin embargo, el plan no se concretó debido a la falta de quórum en una sesión crucial.
El caso Pantalla y su impacto
Las declaraciones forman parte del caso Pantalla, una investigación que expone irregularidades en la Judicatura durante 2023.
Terán, quien ya cumple una condena por el caso Metástasis, enfrenta nuevas acusaciones que involucran presuntas asociaciones ilícitas y vínculos con el crimen organizado.
Las revelaciones destacan los métodos extremos utilizados por Terán para consolidar su poder y su proyecto presidencial.
Las investigaciones continúan, y las implicaciones legales podrían tener un impacto significativo en el panorama político y judicial de Ecuador.
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