Sabemos que este 20 de agosto hay una consulta popular, pero no se sabe cómo está la pregunta, que es la siguiente: “¿Está Usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?” Sí/No. La campaña para impulsar la decisión popular ya inició y el Consejo Nacional Electoral ya designó recursos para que inicie; sin embargo, para tomar esta decisión hay que considerar varios aspectos.
Sépalo. La Reserva de Biosfera ‘Yasuní’ se encuentran en la región Amazónica, en las provincias de Pastaza y Orellana, entre el río Napo y el río Curaray, y tiene esta denominación declarada por la Unesco. En el territorio habitan tagaeri y taromenane, pueblos indígenas en aislamiento voluntario, además de gran biodiversidad. En específico del bloque 43 hay 7 comunidades aledañas que conviven con la explotación.
Acciones. Ayer fue la rueda de prensa que promueve el ‘Sí’ en la consulta popular, es decir, la postura que apoya para que el crudo no se explote y se quede en el subsuelo del bloque 43 que está ubicado en el Parque Nacional ‘Yasuní’. Expusieron varios puntos, principalmente el de mantener la naturaleza, el ecosistema y su libertad para vivir en un espacio saludable.
Puntos. Enen Nenquino, líderesa y representante de la Nacionalidad Waorani, expresó su malestar y reclamó varios puntos como el de salud, educación, cuestionando los planes sociales y cómo se distribuye el dinero que se obtiene de la explotación petrolera. Lina Noboa, vocera de las personas que se han sumado para hacer visible la campaña por el ‘Sí’, y presentó a Javier Viteri, economista y defensor de los derechos colectivos y de la naturaleza, que explicó cuestiones como: la relevancia de la consulta popular, el planteamiento de alternativas económicas.
Situación. Desde la perspectiva de Doryan Jara, supervisor de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias de Petroecuador, referenció que el petróleo representa “tranquilidad económica porque ayudaría a la economía del país”, desde su área dijo que han cambiado las vidas de las 7 comunidades, es decir, 661 familias con 2.514 habitantes y han generado más de 915 empleos directos con la gente, han firmado convenios de compensación con las comunidades y han ayudado a crear negocios y empresas en las comunidades.
Pérdidas. Según Jara, el país perdería cerca de 1.200 millones de dólares anuales, en cuestión de inversión sería 16.470 millones de dólares, además del costo para retirar la infraestructura petrolera en proyección a 20 años sería de 467 millones de dólares, y otros aspectos como: la pérdida de empleo y compensación social.
Contraposición. Por otra parte, Viteri explicó que antes de la explotación petrolera el ingreso anual era de 2,52% por habitante, pero al empezar con la explotación la economía se desaceleró y este ingreso anual por habitante se redujo al 1,7%. Además, el precio del barril de petróleo cada vez disminuye, porque las necesidades de los que compran ya se han satisfecho, y acotó que el desarrollo agropecuario solo invierten el 0.5% del presupuesto y finalizó con: “la explotación petrolera no da trabajo”, cuestionando adónde se va todo el dinero que se percibe: “estamos cansados de la corrupción y no podemos ponerle precio a la vida”.
Social. Desde las dos posturas hablan sobre el tema social. Jara dijo: “no hay que descuidar el tema social, son personas que trabajan en la petrolera, ¿qué va a pasar con aquellos que formaron sus empresas y se les diga que ya no pueden trabajar?
Desastres. Hay que considerar los derrames de petróleo. Jara dio a conocer que “toda actividad produce un impacto” aseguran que en el parque no han reportado ningún accidente ambiental. En septiembre de 2020 a causa de un derrame de crudo que ocurrió en abril de ese mismo año, en el sector de San Rafael, límite entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, según Plan V este desastre llegó a la laguna de Añangu, un sector altamente biodiverso y maravilloso.
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