“Aplaudieron raudos los censores. En el Pleno de la Asamblea Nacional disfrutaron de su triunfo sobre la libertad”. Así lo calificó FUNDAMEDIOS, ONG, que vela por los derechos que envuelven a la libertad de expresión. Pero el periodista Byron Andino menciona que por unos artículos no se puede “estigmatizar” a todo un proyecto de ley. Veto parcial: camino para la reforma.
¿Cómo fue para el periodismo, el tiempo en que estuvo vigente el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación?
Para contextualizar un poco, yo entraba a la práctica periodística cuando fue aprobada la Ley. Yo empecé a trabajar en 2014, entonces yo estuve laborando cuando entró en vigencia en los medios. Tengo experiencia en Ecuavisa que es un medio que estuvo, prácticamente, en la coyuntura de todo este tratamiento, se puede decir, de la Ley y también, de las consecuencias que se vinieron. Sería importante hablar de estas cuestiones desde un paso en la experiencia periodística, como profesional, y con otra faceta, porque también soy académico. Es relevante tener una vista balanceada y autocrítica, incluso, para que se puede aportar.
¿Qué antecedentes tenía la Ley de Comunicación?
En ese entonces teníamos una Ley que fue aprobada por mandato Constitucional. Hay que recordar que fue un mandato por consulta popular, se podría decir, de la gente, de los ciudadanos que mandan a que debe existir la Ley. Eso, por tanto no debe estar en discusión alguna, ni pensar en una derogatoria total.
¿Qué ocurrió cuando ya se la aplicó?
Esos años empezaron de manera conflictiva, se lo recuerda como un proceso histórico conflictivo, diríamos, a la Ley de Comunicación en el país. Esto porque se generó una polarización, la cual creo que se sigue manteniendo hasta la actualidad. Y eso, también, es lo que sigue causando daño, al final, al campo de la comunicación, mediante la discusión de la Ley. Tenemos en un inicio que la Ley garantiza derechos, —una ley no solo restringe, sino que garantiza y expande derechos, en este caso, a los mismos comunicadores— eso fue un avance. Estableció derechos para las audiencias, para los públicos. Ese es el avance que hay: por un lado, la garantía, la profesionalización de la comunicación. Y, verla también como un sistema, darle una estructura que se conforma por varios actores sociales que van desde lo público y lo privado. A ellos no se los excluye, también se integra a la academia, los movimientos sociales.
Pero también a la Ley se la calificaba como restrictiva…
Si vamos a balancear la Ley, también tenemos que ver las cuestiones que se derivaron como situaciones complicadas para los medios. Hay que recordar que no es una ley de medios. Por lo tanto hay que ver estas cuestiones de beneficios para los públicos, para los ciudadanos y las agrupaciones en general. Si hablamos de los perjuicios para los medios, está la actividad punitiva que tuvo la exSuperintendencia de Comunicación, como se la conocía, sobre todo, por quién estuvo a cargo de ella. Hubo una intencionalidad, porque cuando eres funcionario público, tienes una posición que se vio reflejada en ese entonces. Fue una actividad que, claro, presionó a los medios de comunicación, sobre todo, a los privados, con estas sanciones.
¿Se dedicó la entidad a la sanción de los medios?
La Supercom no fue solo eso. Fue también una proclamación de derechos. La Supercom tenía la potestad de estar ubicada regionalmente. Tenía como en cinco o seis zonas presencia. Lo positivo fue que se desplegaban campañas presenciales, alianzas con otras instituciones, ya sea educativas, entre otras para la promoción de los derechos a la comunicación. ¿En qué afectó, esta actividad sancionatoria? Por otro lado, incrementó el conflicto político. Los medios también respondieron de una forma como actores políticos, lo cual se les sigue notando hasta la actualidad, por un simple término: Ley Mordaza.
¿Es suficiente la autorregulación para los medios de comunicación?
Eso no debe ir como bandera única, como pretendía el proyecto de ley del Presidente Lasso. Él presentaba 14 artículos, ojo. De esta manera eliminaba todo, derogaba toda la Ley, y en estos 14 artículos quería que se norme todo el tema de comunicación, lo cual era muy destructivo. No es suficiente, pero sí puede estar presente. Yo estoy, en ese sentido, en el actual proyecto que se aprobó, tal vez un poco en desacuerdo que se eliminé toda esa idea de autorregulación, porque es complementaria en el accionar de entidades públicas. No hay que estigmatizar toda la Ley.
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