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Unidad Popular y Construye fueron eliminados por el CNE

CNE elimina a Unidad Popular y Construye con voto dirimente, a 217 días de elecciones 2026, generando polémica y acciones legales anunciadas.

Unidad Popular y Construye fueron eliminados por el CNE
Unidad Popular y Construye fueron eliminados por el CNE . Créditos: Cortesía.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió el 26 de abril de 2026 la cancelación definitiva del movimiento Construye y del partido Unidad Popular del registro nacional de organizaciones políticas.

La medida se adopta a 217 días de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en medio de cuestionamientos legales, discrepancias internas y un escenario político en tensión.

La decisión se sustentó en informes técnicos sobre la reducción de militancia, aunque su aplicación y oportunidad han sido objeto de debate.

CNE elimina a Unidad Popular con el voto de Diana Atamaint

La sesión del pleno se instaló con cuatro consejeros, debido a la ausencia del vicepresidente Enrique Pita y de la consejera Esthela Acero.

En este contexto, la correlación de fuerzas fue determinante.

Para Construye, la cancelación se aprobó con tres votos a favor —incluidos los de Diana Atamaint, José Cabrera y José Merino— y una abstención de Elena Nájera.

En el caso de Unidad Popular, se produjo un empate inicial tras un pedido de reconsideración: dos abstenciones y dos votos divididos en la primera votación.

Esto habilitó el uso del voto dirimente de la presidenta del CNE, que definió la eliminación. Este punto ha sido uno de los ejes de controversia jurídica.

El CNE argumentó que ambas organizaciones incumplieron el Código de la Democracia al no mantener al menos el 50% de los adherentes con los que fueron inscritas.

De acuerdo con los informes técnicos, Unidad Popular habría pasado de aproximadamente 206.000 afiliados registrados en su constitución a cerca de 31.000, cifra que no cumple con el umbral legal.

Sin embargo, la organización cuestiona la validez de estos datos y asegura que no se presentaron respaldos suficientes sobre las desafiliaciones.

El organismo electoral sostiene que la aplicación de la norma es obligatoria y que la permanencia en el registro depende del cumplimiento continuo de estos requisitos.

Durante la sesión, se evidenciaron posturas contrapuestas. El consejero José Merino defendió la decisión al señalar que el Estado no puede asignar recursos públicos —como el fondo de promoción electoral— a organizaciones que no cumplen la normativa.

Por su parte, la consejera Elena Nájera rechazó los informes técnicos por considerarlos insuficientes y advirtió que la resolución podría vulnerar derechos de participación política, lo que eventualmente generaría responsabilidades internacionales para el Estado.

Antes de la votación, se plantearon pedidos de recusación contra Atamaint y Merino, con base en el Código Administrativo.

No obstante, el pleno no trató estos pedidos, lo que también forma parte de los cuestionamientos posteriores.

Unidad Popular rechaza la postura del CNE y anuncia acciones legales

Uno de los argumentos centrales de Unidad Popular es que la decisión se habría tomado fuera del plazo legal.

Según la organización, el Código de la Democracia establece que la cancelación de partidos debe realizarse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones, plazo que, según su interpretación, ya habría vencido el 3 de abril de 2026.

Este punto será clave en los recursos legales que el movimiento anunció tras la resolución.

Tras la decisión, el presidente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, rechazó la medida y anunció acciones en varias instancias.

La estrategia incluye recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La organización sostiene que se han vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso y la participación política.

Además, ha convocado a movilizaciones y a una agenda pública para visibilizar su postura frente a la decisión del CNE.

Contexto histórico y político

La eliminación de Unidad Popular ocurre en un contexto que remite a antecedentes similares.

Esta organización surgió en 2015 tras la cancelación del Movimiento Popular Democrático (MPD) en 2014, también por decisiones del organismo electoral de la época.

A diferencia de ese caso, la actual eliminación no se fundamenta en resultados electorales, sino en la reducción del padrón de afiliados.

La salida de Construye y Unidad Popular del registro modifica la oferta política de cara a las elecciones seccionales de noviembre.

Sin embargo, la participación definitiva de estas organizaciones dependerá de lo que resuelvan las instancias judiciales.

El proceso abre un periodo de incertidumbre institucional, ya que cualquier fallo a favor podría alterar nuevamente el panorama electoral en plena fase preelectoral.

Preguntas y respuestas

¿Por qué se eliminó a Unidad Popular y Construye?

Por no cumplir con el mínimo de afiliados exigido por la ley electoral.

¿Qué rol tuvo el voto dirimente?

Definió la eliminación de Unidad Popular tras un empate en el pleno.

¿Qué cuestiona Unidad Popular?

La legalidad del proceso, los plazos y la falta de pruebas técnicas.

¿Qué acciones legales emprenderán?

Recursos ante el TCE, la Corte Constitucional y la CIDH.

¿Cómo afecta esto a las elecciones de 2026?

Reduce la oferta política, aunque la decisión aún puede ser revertida.

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