El TCE debería decidir la remoción del alcalde de Riobamba, John Vinueza el 22 de febrero. Un experto detectó presuntas irregularidades.
John Vinueza, alcalde de Riobamba enfrenta un pedido de remoción realizado por un colectivo ciudadano encabezado por Daniel Rivas y Marcerla Mancheno. Y el TCE debería emitir un pronunciamiento el 22 de febrero.
Los denunciantes se basan en que Vinueza habría cambiado la entrega del comodato a donación de la infraestructura del centro de investigación de ciencias forenses San Pedro de Riobamba. A favor del Servicio Nacional de Medicina Legal.
El proceso para la remoción de Vinueza inició el 4 de diciembre del 2024 con la conformación de la Comisión de Mesa en una primera sesión. Sin embargo, ha sido cuestionado por las presuntas irregularidades a lo largo del proceso.
Por esa razón, conversamos con Edison Carrillo, abogado constitucionalista que estuvo en el proceso de remoción del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, para conocer cómo es que se lleva un pedido de remoción.
Carrillo explicó que, la remoción de una autoridad electa por voto popular es un mecanismo contemplado en el COOTAD, específicamente en su artículo 336.
Este proceso puede aplicarse a autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, tales como juntas parroquiales, gobiernos municipales y provinciales.
Edison Carrillo, constitucionalista.
Proceso para una remoción de una autoridad
El procedimiento de remoción se inicia a través de una denuncia formal, la cual es presentada ante la Secretaría del órgano legislativo correspondiente.
Posteriormente, la denuncia es remitida a la Comisión de Mesa, organismo que tiene la responsabilidad de evaluar la procedencia del pedido y sustanciar el caso.
Una vez que la Comisión de Mesa ha recibido la denuncia, se emite un auto de inicio y se notifica a la parte denunciada.
A partir de ese momento, la autoridad se encuentra en la posibilidad de presentar su contestación y aportar pruebas de descargo en un plazo de diez días.
Luego de la fase de pruebas, la Comisión elabora un informe en un periodo de cinco días, el cual es sometido a una sesión extraordinaria del órgano legislativo.
Durante esta sesión, los miembros del Concejo toman una decisión sobre la remoción, analizando tanto el informe de mayoría como el de minoría en caso de que existan.
En el caso de que se detecten irregularidades en el proceso de remoción, la autoridad afectada puede solicitar una revisión del procedimiento ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Este organismo no evalúa los motivos de fondo de la remoción, sino que verifica el cumplimiento de las formalidades y plazos establecidos en la normativa.
El TCE no va a mirar si el alcalde se equivocó en esto o aquello. Lo que va a revisar es si se cumplieron las formalidades y los procedimientos.
Edison Carrillo, constitucionalista.
Presuntas irregularidades en el caso de remoción de John Vinueza
Analizando el caso de Vinueza, Carrillo llegó a la conclusión de que se dio una serie de presuntas irregularidades.
El caso de Vinueza empezó mal, sin un secretario titular y con una Comisión de Mesa parcializada, que ya preveía la responsabilidad del alcalde antes de revisar la documentación.
Edison Carrillo, constitucionalista.
Uno de los puntos clave que destaca el constitucionalista es la negativa inicial a dar lectura al informe de minoría elaborado por el concejal Patricio Guaranga, lo que habría «bloqueado el derecho a la defensa del alcalde».
Además, se cuestiona la validez del voto de la vicealcaldesa Maritza Díaz.
El TCE ya ha establecido que la segunda autoridad no puede votar en estos casos, y el número de votos necesario para la remoción debe ser ocho, no siete.
Edison Carrillo, constitucionalista.
Otro hecho relevante fue la sustitución del secretario del Concejo Municipal, un acto que, según el jurista, fue ilegal.
El COOTAD no le da a la vicealcaldesa la facultad de cambiar al secretario. Su única función es convocar a las sesiones. Este cambio constituye una usurpación de funciones.
Edison Carrillo, constitucionalista.
Por lo que el Concejo envio la aprobación para la remoción del alcalde con 7 votos a favor. Mientras tanto se debe esperar a un pronunciamiento oficial del TCE para conocer si la remoción procede o se rechaza.
La documentación en el TCE sobre el pedido de remoción del alcalde John Vinueza
Hace días se registró una documentación en el TCE, la cual algunos medios atribuyeron a que se aceptó el pedido de remoción, lo cual es equívoco.
Pues Carrillo explicó que, no corresponde a una denuncia formal, sino a una absolución de consulta presentada por el alcalde John Vinueza.
Según el constitucionalista, este procedimiento permite que el TCE analice si el proceso de remoción cumplió con las formalidades y requisitos legales establecidos en el COOTAD.
Es decir, el TCE no está evaluando la culpabilidad o inocencia del alcalde, sino verificando si la remoción fue ejecutada correctamente.
Para contrastar la información consultamos a Vinueza sobre la documentación y contestó.
Lo que pedí es que se cumpla la ley, que se analicen las decisiones ilegales de los concejales. Estoy seguro de que el TCE va a fallar a mi favor.
Edison Carrillo, constitucionalista.
Cuestionamientos sobre el proceso de remoción del alcalde de Riobamba
El conflicto político podría tener graves repercusiones en la administración.
«Nadie gana con un cambio de autoridad de esta manera. Si el TCE anula la remoción, se reforzará la institucionalidad. De lo contrario, la vicealcaldesa asumirá el cargo, lo que podría generar más inestabilidad«, advirtió Carrillo.
Además, surgen dudas sobre la ética de quienes impulsaron la destitución, especialmente tras la detención de concejales involucrados en el caso Altares. Los mismos que elaboraron el informe de mayoría para la remoción de Vinueza.
¿De qué moral hablamos cuando uno de los concejales que decía actuar en contra de la corrupción terminó huyendo de la Policía?
Edison Carrillo, constitucionalista.
Además, cuestionó que “un concejal que se rasgaba las vestiduras diciendo que lo hacía por Riobamba y contra la corrupción, terminó implicado en un caso de corrupción y en fuga”.
La vinculación de estos actores con ambos procesos presuntamente alimentó la percepción de que la remoción del alcalde pudo haber sido motivada más por intereses políticos que por una verdadera preocupación por la legalidad y la administración municipal.
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