Kevin Gallardo, abogado dedicado a la investigación, comentó sobre su trabajo acerca de la situación que viven los privados de libertad dentro del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Riobamba. El especialista asegura que se supera el doble de su capacidad.
Estudio. Este se basa en determinar la responsabilidad del Estado ante los acontecimientos violentos que han venido suscitándose en los diferentes centros de rehabilitación a nivel del país. Y así, determinar la brecha entre la formalidad y la materialidad del derecho.
Acontecimientos. Estos hechos de violencia son el detonante de un sistema que no cumple con los fundamentos propuestos adecuados, que contemplan y garantizan los fines constitucionales. Los mismos que son rehabilitar y reinsertar a los PPL. El análisis refleja una contradicción entre el texto constitucional, que obliga al Estado a garantizar los estándares mínimos de protección de las personas privadas de libertad. Los mismos que, por su condición, se constituyen en grupos de atención prioritaria y de vulnerabilidad.
Pacto. El Estado ecuatoriano tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales, en las que a través del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el Estado debe garantizar que no se ejecute actos de tortura o pena cruel inhumana ante las personas privadas de libertad. Estos conceptos y obligaciones internacionales suscritas no se cumplen dentro de CRS Chimborazo N 1
PPLs.
El rango de edad y la condición socioeconómica de los privados de libertad es el siguiente: de un total de 492 privados de libertad, 243 se encuentran en un rango de 18 a 30 años es decir en una etapa productiva. Su condición socioeconómica de las 492 personas recluidas es, en su mayoría, de una condición baja de primer estrato. De cierta manera, el sistema se basa en encarcelar a gran parte de la población civil cuyo estrato económico y social está en el mencionado.
Clasificación. Los pabellones se dividen en base de su condición de género y peligrosidad. Gallardo menciona que el CRS Riobamba si cumple efectivamente este estándar.
Hacinamiento. Es uno de los principales problemas, siendo el detonante de las masacres desarrolladas. Frente a eso, en el CRS de Riobamba existe un total de 492 personas divididas en los diferentes pabellones con capacidad máxima para 250 personas. Es decir, hay un excedente en su capacidad del 96.8% siendo una cifra crítica y preocupante.
Responsabilidad. El Estado tiene que ampliar la infraestructura. Debe aplicar correctamente las normas y estándares internacionales, a más de crear políticas públicas. Sino, la violencia seguirá viéndose reflejada en las calles de la sociedad.
Déficit. Existen para los 492 PPL, un total de 29 guías penitenciario. Es decir, que cada guía debe controlar, cuidar y vigilar la conducta de 16 personas. Esto genera preocupación, menciona Gallardo. «El Ecuador es un Estado fallido», asegura Gallardo, al existir grupos delincuenciales, enquistados en el poder y el control de las cárceles. Este es el caso de la cárcel de Riobamba.
Recurso. El exceso de la prisión preventiva es el principal generador del hacinamiento y, en el CRS Chimborazo N1 el hacinamiento está cerca del 96%. Se ha indicado, desde el SNAI, que existen 2 personas en esta condición, «esta cifra no corresponde a la realidad», expresó Gallardo.
Factores. Existe mucha presión mediática y, por otro lado, el desconocimiento de la ley son los principales factores para el uso excesivo de la prisión preventiva. El abogado reflexiona que el sistema de justicia es selectivo, y condena únicamente a quien no puede comprar su libertad.
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