El pasado 11 de agosto se designó a Raúl González como el nuevo superintendente de Bancos. En el tintero hay la duda sobre la legitimidad del nombramiento al existir medidas de protección sobre el proceso y con las atribuciones que la Asamblea Nacional como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tienen con el tema. ¿Seguridad jurídica es una falencia?.
A saber. La función del CPCCS es garantizar los derechos a través de la participación de los ciudadanos en la designación de funcionarios a instituciones del Estado como es el caso de la Superintendencia de Bancos amparados en el art. 207 de la Constitución indicando que es responsabilidad de este organismo velar que se desarrollen adecuadamente.
Caso. La posesión de González efectuada por la Asamblea estuvo empañada por dos medidas constitucionales una que impedía la posesión y otra que daba paso dando como resultando un conflicto sobre si se hizo o no lo correcto.
Criterio. «La Asamblea posiciona al ganador del proceso y no tiene potestad de verificar el mismo, la Asamblea no está coartando ningún derecho”, indicó Natalia Cáceres, abogada constitucionalista.
Situación. Según Cáceres: «la resolución del segundo juez de Yahuachi es la más acertada considerando que una medida cautelar no puede ir en contra de una decisión judicial». Los asambleístas puntualizan que hay una interferencia a las funciones del Estado.
Solución. “Se debe esperar que haya un dictamen de la Corte para tener un criterio uniforme”, dijo Cáceres.
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