OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA CONSULTA POR EL YASUNÍ
Riobamba/ Este 20 de agosto la ciudadanía deberá responder ‘Sí’ o ‘No’ en la consulta popular del Yasuní. Esta es la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?. Por esta pregunta también deberemos responder en las elecciones presidenciales además de asambleístas provinciales y nacionales.
Sépalo. Los argumentos para votar por el ‘Sí’ son varios así como los del ‘No’, pero en medio de ello se desmienten. Uno de los puntos de preocupación son los ingresos que recibe el país por la explotación petrolera y existe un montón de pérdida calculado de 1.200 millones de dólares.
Posición. Ante esto Fernando Muñoz, coordinador nacional de Articulación del colectivo Yasunidos, explicó que al traer de nuevo al debate la explotación del bloque 43, los diferentes de académicos y analistas económicos ha revelado otras cifras que se alejan de este monto, además propone que el país debería comenzar un proceso hacia la justicia fiscal, así como repensar los modelos económicos y energéticos. Consulta popular del Yasuní.
Cifras. Muñoz explicó que se han acogido a los estudios de Wilma Salgado, ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas en el 2008, que mediante estudios señala que las pérdidas no serían de 1.200 millones de dólares sino un monto más acertado está entre los 148 a 240 millones de dólares y que con la exoneración y exención de impuestos se obtendrían más impuestos.
Recuperación. En relación a esto manifestó que en 2021, el estado decidió dejar de percibir 6 mil millones de dólares al no cobrar los impuestos. Así dijo que si se mantiene la explotación hasta el 2055, las ganancias de la explotación serán de 4 mil millones de dólares y al cobrar los impuestos en un año recaudarían 6 mil millones de dólares.
Datos. Por otra parte, Doryan Jara, supervisor de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias de Petroecuador, insiste en la cifra antes indicada y añadió otros datos como la pérdida de la inversión de 16.470 millones de dólares en pérdidas tomando en cuenta el costo de abandono para retirar la infraestructura petrolera, el empleo y las compensaciones proyectadas a 20 años.
Efectos. Se podría pensar que los impuestos se cobrarían al sector popular, pero según Muñoz, esto no sucedería y sería necesario una reforma tributaria, es decir, encaminarse hacia la justicia fiscal para que paguen los impuestos los que más tienen y de esa manera “habrá suficientes recursos para solventar la brecha fiscal y hacer un plan de transición”.
Tiempo. Desde otro punto de vista, de ganar la consulta popular, las operaciones extractivistas tendrán que cesar y el estado ya no podrá entregar más concesiones, en septiembre, cuando los resultados se proclamen oficialmente, lo que implicaría que toda la infraestructura deberá salir.
Implicaciones. Jara explicó que para sellar 200 pozos horizontales implicaría 400 mil dólares por pozo, para cerrarlos se necesitaría cerca de 80 millones de dólares y que tendría un gran impacto ambiental, sin embargo, Muñoz explicó que de acuerdo con la licencia ambiental esta incluye un plan de abandono progresivo del campo, así también conforme la sentencia de la Corte Constitucional hay un año y medio de tiempo para que las operaciones cierren y saquen la infraestructura.
Situación. Pero qué pasaría si no se acatan estas disposiciones, pues los funcionarios de Petroecuador, así como los representantes del ramo tendrían sanciones administrativas, pero más allá de ello la lucha de los colectivos sociales, organizaciones, jóvenes, feministas y sociedad en general debe seguir en la lucha para exigir al estado y las autoridades de turno que cumpla con lo que establece la Constitución.
Evidencia. Un punto es claro, y es que la actividad petrolera ha hecho que las comunidades tengan avances, pero que desde la visión de Muñoz, el estado no se ha hecho cargo de atender las necesidades de estos lugares
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