Un día después de presentar su informe en el Pleno, la fiscal Diana Salazar volvió a comparecer ante la Asamblea el 26 de enero, esta vez para participar en la Comisión de Régimen Económico, encargada de discutir el proyecto de ley de Extinción de Dominio.
Durante su intervención, Salazar expresó que, en líneas generales, la propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa es apropiada y necesaria, aunque realizó algunas observaciones.
Entre ellas, solicitó a los legisladores que eliminen el requisito de sentencia penal ejecutoriada para llevar a cabo la extinción de dominio de bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.
De acuerdo con Salazar, este requisito constituye una especie de limitación que es aprovechada por los delincuentes, quienes, al enterarse de las investigaciones en su contra, optan por fugarse, evitando así ser juzgados en ausencia y manteniendo la posesión de los bienes.
Adicionalmente, hizo un llamado para que el ‘catálogo de delitos’ que pueda dar lugar a la aplicación de la extinción de dominio sea ampliado o permanezca abierto.
En otras palabras, propuso que no se restrinja a ciertas conductas delictivas específicas, como indica actualmente la normativa. Según Salazar, muchos delincuentes cambian de un delito a otro, conscientes de que podrían perder sus bienes, pero aún así continúan generando recursos de manera ilícita.
Además, ante los legisladores de la Comisión, Salazar instó a simplificar el proceso de extinción de dominio cuando el acusado admite su culpabilidad y muestra disposición para ceder los bienes al Estado.
Actualmente, el procedimiento es largo y involucra múltiples instancias que, en ocasiones, pueden obstaculizar el trámite.
Por otro lado, la fiscal sostiene que los plazos para las investigaciones patrimoniales no deberían reducirse, a diferencia de la propuesta del Ejecutivo.
Aunque el proyecto sugiere un período de tres meses para llevar a cabo este tipo de investigaciones, Salazar destacó que la localización de bienes en el país puede llevar hasta 12 meses.
En cuanto a la identificación de activos en el extranjero, se requiere más tiempo, ya que implica solicitar asistencias penales internacionales que podrían demorar años.
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