El dirigente Mesías Ugsiña considera que quienes tienen mejores utilidades, deben dar un mayor apoyo, para enfrentar la crisis generada por la pandemia.
C ¿Cuál es su punto de vista sobre las propuestas de leyes presentadas por el presidente Lenín Moreno para enfrentar la crisis?
Hay muchos temas que comentar, por ejemplo, la condena a su carácter antipopular ha sido constante en este período de confinamiento, que se lo ha resumido en una de las consignas que acompañó, los preparativos del 1ro de Mayo: «En casa, pero no callados (as)», sin embargo, la crítica situación que viven los trabajadores y el pueblo hacen que ese descontento ahora se lo lleve a las calles.
Eso lo vimos en los plantones, mítines y cacerolazos que se realizaron en todo el país, en la jornada del 1ro de Mayo, y también lo hemos visto en las acciones de protesta desarrolladas principalmente por los trabajadores y profesionales de la salud, por cientos de trabajadores despedidos de las empresas, por los estudiantes, trabajadores y docentes universitarios en respuesta al recorte presupuestario de sus instituciones, lo que evidencia el estado de ánimo de nuestro pueblo. Bien podemos afirmar que el descontento popular rebasa el confinamiento.
C ¿Cuáles serían las causas y motivos para que esto ocurra?
No hay semana que el gobierno deje de adoptar medidas que afectan a los sectores populares. Están las leyes enviadas a la Asamblea Nacional, el pago de la deuda externa, el anuncio de elevar el precio de los combustibles y ahora los recortes en el sector de la educación. Violando flagrantemente el inciso dos del Art. 165, del mandato constitucional, el mismo que establece que el gobierno en época de emergencia nacional puede disponer de todos los fondos públicos excepto de educación y salud; con lo cual afectaría el libre ingreso a los jóvenes de los sectores populares a la educación superior y se despedirían a miles de docentes y trabajadores de las universidades del país.
C ¿Qué nos puede decir sobre los proyectos emergentes?
Los proyectos económicos urgentes presentados por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional y que se encuentran en debate son antipopulares e inconstitucionales, ya que afectarán la vida de millones de familias ecuatorianas, profundizará la recesión económica y agravará la crisis humanitaria que vivimos.
La cuenta especial de asistencia humanitaria que el gobierno propone, tiene una base de 1400 millones de dólares, que se debería fondear bajo el principio de que “quien más tiene, más aporte”. Sin embargo, la propuesta va en sentido contrario, pretende que los trabajadores y empleados públicos contribuyan de su salario con 900 millones de dólares, mientras las grandes empresas aportarían apenas 500 millones.
La solidaridad y la justicia tributaria deben ir de la mano, la emergencia no puede ser pretexto para imponer paquetazos a los trabajadores y sectores medios del pueblo ecuatoriano.
C ¿Qué hacer si no hay recursos para afrontar la emergencia sanitaria?
Las organizaciones populares planteemos las siguientes propuestas, para recaudar recursos para la Cuenta Especial de Asistencia Humanitaria
Los 1.026 millones de dólares se lograría con la contribución de las grandes empresas y la banca, las mismas que aportaría mediante una tabla progresiva en función de sus millonarias ganancias, así: las 1.085 empresas que tengan utilidades de 1 a 5 millones aportaría con el 5%, las 193 empresas que tienen utilidades de 5 a 10 millones aportarían con el 7.5%, las 176 empresas que tengan utilidades de 10 a 15 millones aportarían con el 10% y las 20 empresas que tienen utilidades superiores a los 50 millones aportaría con el 15%.
En segundo lugar, los 320 millones dólares se lograrían a través de un impuesto del 2 % a las personas con patrimonio declarado superior al millón de dólares. Según el SRI son 5 mil personas millonarias que deberían aportar. Con esta contribución ningún banco, ni las empresas telefónicas, agroindustriales, entre otras se quebrarían, y se contaría con 1344 millones de dólares para dinamizar toda la economía, apoyando a millones de hogares pobres, a las pequeñas y medianas empresas, sin reducirse sustancialmente el ingreso de los trabajadores y sectores medios.
Otra opción es el cobro inicial del 10% los recursos económicos de la corrupción de los casos comprobados, solo por ahí tendríamos siete mil millones de dólares.
C ¿También tienen que contribuir los empleados públicos?
La contribución de los empleados públicos del 10% de su salario es confiscatoria de conformidad al inciso segundo del artículo 328, el mismo que establece que el salario de un trabajador no puede ser disminuido ni despojado, salvo la autorización expresa de la persona trabajadora; y, bajo ningún concepto puede ser descontado como propone el presidente Lenin Moreno. La exoneración de la contribución del sector la salud y educación es correcta, eso debe incluir a las universidades.
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