Reacciones de todo tipo generó la denuncia individual formulada por la vicealcaldesa de Riobamba, Rocío Pumagualli, sobre presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos para enfrentar la pandemia por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba (GADM-R).
El alcalde Napoleón Cadena Oleas desmintió que esto sea verdad y, por el contrario, indicó que el proceso no ha terminado, y que todavía no se han presentado los descargos por parte de la institución municipal para desvanecer las observaciones.
Realidad. Lejos de esta situación, que generó expectativa a media semana, días atrás, la Comisión de Fiscalización, conformada por Silvio Álvarez, Nathalia Urgiléz, Marco Portalanza, Jaime López y Jorge Morocho, en el pleno del Concejo Cantonal, también presentaron algunas observaciones y denuncias por presuntas irregularidades.
Al respecto, Morocho Moncayo recordó que es obligación y responsabilidad de los concejales el realizar la fiscalización.
“Creo que a nivel nacional es el Concejo Cantonal de Riobamba el que comenzó con esta labor por la adquisición de insumos en tiempo de pandemia. Nosotros estamos trabajando y cumpliendo con nuestra labor de fiscalización. Una vez que se detectaron algunas falencias e inconsistencias, algunos errores, que a nosotros nos parece, inmediatamente pusimos en conocimiento de Concejo y de la Contraloría. Estamos esperando que haya un pronunciamiento para que nosotros podamos continuar con los trámites que sean pertinentes”, indicó enfático el edil.
Situación. Morocho recordó que Pumagualli, basándose en la documentación presentada por la Comisión de Fiscalización, “se ha anticipado por su cuenta a poner la denuncia (Fiscalía y Contraloría en Quito). Eso ya sería una decisión de ella y tendrá que ver cómo lo va a sustentar”, explicó Morocho, quien agregó que uno de los compromisos de todos los integrantes de la Comisión de Fiscalización es obtener los resultados del estudio de la Contraloría para proceder como se debe, sin anticiparse y, de esta forma, cumplir con el debido proceso. Morocho aseguró que el trabajo sigue.
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