En enero de 2023, agentes de la Policía Nacional ingresaron a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch) para, en flagrancia, detener a Ernesto B., docente de la Facultad de Administración de Empresas, esto porque una estudiante denunció que tocó su pecho por debajo de la ropa. Por ello los protocolos que tiene la institución de Educación Superior se activaron, así como las diligencias judiciales.
En una rueda de prensa convocada por el rector Byron Vaca en enero, se explicó que el trámite ya había sido llevado a la Fiscalía, y suspendieron a dicho profesor durante el tiempo que duren las investigaciones. Conforme a los protocolos institucionales, continuaron con el proceso disciplinario, y después de un mes y medio, resolvieron destituir a Ernesto B. mediante una resolución.
La Ley Orgánica de Educación Superior es clara en su art. 207, cuyo inciso b) indica que alterar la paz e irrespetar a la moral y las buenas costumbres tiene sanciones, al tiempo que divide la gravedad de las acciones y alberga las sanciones, siendo una de ellas la separación definitiva de la institución.
El docente fue separado de la institución hace 8 meses. Sin embargo, los jueces de otras salas negaron cuatro de los cinco recursos que presentó en su defensa.
En la sentencia dictada, según el documento público, los abogados coinciden en que no tiene relación el pedido de la demanda con la sentencia, encontrando un motivo para determinar una violación del procedimiento, siendo este ¿por qué no se notificó el informe de la Comisión Disciplinaria de la Espoch?, que sirvió para que el Consejo Politécnico lo destituya.
De tal forma, el tratamiento disciplinario se dio, las partes se defendieron y presentaron pruebas. El proceso llegó al Consejo Politécnico, instancia en la que ratificaron la decisión de la Comisión Especial. Ernesto B. presentó dos recursos de apelación en la sede administrativa de la Espoch, es decir que agotó las posibilidades a su favor.
Cuando fue destituido, dicha resolución le hizo perder sus derechos, como el de la jubilación y las compensaciones que recibiría. Esto desencadenó tres acciones de protección y dos medidas cautelares en contra de la Escuela Politécnica. Cuatro jueces rechazaron los recursos, pero, como se mencionó anteriormente, el juez penal aceptó la medida cautelar, lo que implicaría su regreso a las aulas.
En consecuencia, este juez restituye el cargo al implicado en el caso de presunto abuso sexual. Esto suscita preocupación y preguntas, dado que uno de los recursos presentados fue rechazado e incluso se resolvió con una apelación en la Corte Provincial.
Especialistas en el tema sugieren que la sentencia ‘no tiene ni pies ni cabeza’. Asi lo indican los asesores legales externos de la Espoch. Recordando un poco, hubo una audiencia de flagrancia el 25 de enero por el acto cometido por Ernesto B. En este mismo mes, las denuncias sobre presuntos casos de acoso y abuso de las estudiantes por parte de docentes, no se hicieron esperar y exteriorizaron que las afectadas incluso dejaron de estudiar para evitar represalias o más abusos.
Así, una estudiante expuso que Ernesto B. ya tenía una causa archivada por el mismo motivo -acoso sexual- en 2018, inclusive, Byron Vaca, rector de la Politécnica, en una rueda de prensa del 26 de enero dijo que conocían los antecedentes del presunto agresor. Esta persona aún tiene un proceso penal en estudio y por resolverse, tiene formulación de cargos y lo investigan por el presunto delito de abuso sexual.
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