Prefecto de Chimborazo Hermel Tayupanda estaría involucrado en presunta red de corrupción según una denuncia de Andrés Pasquel
El presidente del colectivo Frente Ciudadano, Andrés Pasquel, ha denunciado una presunta red de corrupción que involucra a altos funcionarios judiciales y políticos de Chimborazo.
La denuncia se dirige contra el juez electoral Guillermo Ortega y el prefecto de la provincia, Hermel Tayupanda, quienes habrían participado en presuntos actos ilícitos relacionados con sobornos.
Testimonio anticipado del Caso Plaga en el que está involucrado Prefecto Chimborazo
La denuncia se basa en el testimonio anticipado de Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial.
Este declaró que fue el abogado de Hermel Tayupanda, en un proceso de violencia política de género, presentado por la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza.
Sin embargo, según Hernández, Tayupanda no estaba satisfecho con su defensa y optó por contratar a otros abogados, quienes habrían pagado USD 30,000 a Ortega para favorecerlo en el juicio.
Este soborno se encuentra en la investigación del Caso Plaga, que destapó una red de corrupción judicial en varias provincias del Ecuador.
Jueces, abogados y funcionarios públicos que los investigan por facilitar sentencias favorables a cambio de grandes sumas de dinero.
Red de corrupción judicial
Según la información obtenida de la denuncia de Pasquel, en la plataforma X, esta denuncia presenta una presunta red de corrupción.
En las que da a conocer pruebas señaladas del artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el que se tipifica como:
¨Cohecho, delincuencia organizada, asociaión ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, y otros hechos dentro del Caso Plaga¨
Según el testimonio de Hernández, Ortega habría utilizado su posición como juez electoral para emitir una resolución que minimizó la gravedad de las acusaciones de violencia política de género contra Tayupanda, favoreciendo al prefecto de manera irregular.
Solicitud de investigación de corrupción
Pasquel ha solicitado que la Fiscalía General del Estado asuma el caso y realice una investigación exhaustiva de los implicados.
Argumenta que la corrupción ha afectado no solo al Tribunal Contencioso Electoral, sino también a otras áreas del sistema judicial.
La concusión, es el delito atribuido, castigado con penas de prisión de hasta cinco años, y en casos de violencia o amenazas, la pena puede extenderse a siete años, según el COIP.
El juez Guillermo Ortega, por su posición, tiene fuero y lo procesarían mediante un juicio político en la Asamblea Nacional, lo que complica el avance de las investigaciones.
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