El pasado 11 de septiembre se conoció que el juez Nelson Rodríguez le devolvió los derechos a Ernesto Bonilla, docente de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch) tras la denuncia de una estudiante que denunció que el docente la habría tocado.
La semana anterior la audiencia para determinar la culpabilidad se suspendió porque el abogado defensor de Ernesto B. tenía problemas de salud. Este es el contexto en el que varios estudiantes, organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos en general emitieron un ‘Manifiesto por la verdad y la justicia’.
Este documento se anunció por Pilar Fernández, representante de la Coordinadora Política de Mujeres. En el piden al director provincial del Consejo de la Judicatura Alex Palacios se analice y “evalúe el accionar de los jueces que están dando paso a acciones de protección y medidas cautelares interpuestas por docentes acusados de violentar de distintas maneras a las y los estudiantes”.
Estos mismos colectivos hicieron un plantón el pasado 21 de septiembre en la Unidad Judicial en donde tenía que ser la audiencia, dado que aseguraron que se mantendrán vigilantes al accionar de los juzgadores, esto en referencia al proceso judicial que aún sigue activo en contra del antes expulsado docente politécnico, que puede regresar a la institución de educación superior para cumplir con su anterior función.
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