El trece de diciembre de 2019, el exprefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, fue sentenciado a 1 año de prisión por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Este caso se dio luego de que la exautoridad se negó a cancelar a un grupo de jubilados de la Prefectura, a pesar de que las instancias correspondientes lo determinaron legalmente así.
Caso. El Tribunal que conoció esta causa suspendió la pena que pesaba contra Curicama Guamán porque cumplía con todas las condiciones que da la ley para que se cambie la prisión por medidas sustitutivas.
Sin embargo, ayer, en rueda de prensa brindada en la Prefectura de Chimborazo, el síndico del ente, César Robles, dio a conocer que la Fiscalía formulará cargos contra el exprefecto y Tránsito Lluco, exviceprefecta, por supuestos hechos de concusión por los descuentos que se les hacía a los trabajadores del Consejo Provincial.
Esta denuncia fue colocada en la Contraloría General del Estado en Chimborazo, por los mismos jubilados que también protestaban por el no pago de una diferencia de valores en sus jubilaciones.
Palabras. “Hemos recibido ayer la notificación correspondiente dentro de la causa por el presunto delito de concusión. La fiscal provincial de Chimborazo (Mayra Moreno) ha decidido solicitar, al juez competente, señale día y ahora para proceder a la audiencia de formulación de cargos por el delito de concusión en contra de los involucrados”, comentó Robles.
Situación. En la primera causa, por incumplimiento de decisiones de autoridad competente, Curicama solicitó la suspensión de la pena y fueron los jueces los que aceptaron. “Sin embargo, en la sentencia se aclaraba que se suspendía la pena siempre y cuando no exista otra instrucción fiscal. En ese escenario, al haber ya de por medio una instrucción fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 632 del Código Orgánico Integral Penal, el juez de Garantías Penitenciarias, que va a controlar la ejecución de esa suspensión, deberá rever y ejecutar la sentencia”, explicó enfático Robles, actual síndico del Consejo Provincial de Chimborazo.
Intervención. Bryan Flores, abogado patrocinador de los jubilados de la Prefectura de Chimborazo, recordó que fue en julio de 2018 cuando se colocó una denuncia en la Contraloría de Chimborazo, en la misma que se exponía varias inconsistencias que se estaban dando en ese entonces en el Consejo Provincial de Chimborazo.
En la denuncia se expone, por ejemplo, varios descuentos realizados a los trabajadores y empleados que iban a un fondo común. Asimismo, se habla de los descuentos hechos en mayo, octubre de 2017 y septiembre de 2018. “Fondo común Pacha-descuentos del mes de mayo de 2017, con el número de trabajadores descontados: 306. Un total de descuento: 13.911 dólares…”, informó el abogado patrocinador de los jubilados.
Expresiones. Por otra parte, Wilson Velasteguí aseguró que la lucha para evidenciar lo que estaba sucediendo en la Prefectura de Chimborazo, en el tiempo del exprefecto Mariano Curicama Guamán, ya se está evidenciando, y que ellos, a pesar de todo lo que sucedió, no han bajado los brazos, porque su lucha es por nuestra provincia.
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