El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, el jueves, la Ley de Violencia Digital, que inicialmente fue presentada con la finalidad de proteger a las víctimas de violencia sexual en el ámbito digital y el ciberacoso sexual; sin embargo, desde Fundamedios se alertó que, a lo largo del tratamiento del proyecto, otras figuras fueron incluidas, las que no solo distorsionan el sentido original de esta norma, sino que, a su vez, implica graves vulneraciones a libertades y derechos en el espacio digital.
“Desde falta de proporcionalidad en las penas hasta redacciones amplias que facilitan las interpretaciones subjetivas de las distintas tipificaciones de los artículos aprobados, esta ley representa una vulneración extrema a los derechos y a las garantías constitucionales; además, incluye contenido relacionado con el manejo e incautación de contenido digital que, como se señaló anteriormente, no responde a la finalidad de este proyecto”, se indicó por parte de Fundamedios.
Caso.
Entre los artículos más preocupantes se encuentra la pena privativa de la libertad de uno a tres años en casos de violación de la intimidad del artículo 179, cuando el contenido de carácter personal que sea divulgado sea extraído de alguna plataforma digital; la reforma al artículo 396, en la que se añade a esta tipificación que toda persona que, por cualquier medio, inclusive a través de tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, tendrá pena privativa de libertad señalada en dicho artículo, entre otros.
Este contenido vulnera la libertad de expresión, un derecho fundamental en una sociedad democrática que sirve de instrumento invaluable de protección y garantía de los Derechos Humanos, y que tiene impacto no solo a nivel individual sino también colectivo. Por estas razones, este derecho, en todas sus manifestaciones, tiene un rol preponderante. Desde varios sectores sociales se ha pedido al presidente de la República, Lenín Moreno, el veto total a este proyecto de ley, porque atenta contra el derecho de la libertad de expresión de todos los ciudadanos en el Ecuador.
Crítica. La Sociedad Interamericana de Prensa criticó la aprobación de la ley, que restringiría la libertad de expresión y puede afectar el trabajo de periodistas.
Preocupación. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, puntualizó que mucho “preocupa que el nuevo estatuto pueda afec- tar a periodistas que, en el ejercicio de su trabajo, tienen que revelar información”.
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