Tras ser encontrado con USD 6 millones en efectivo y USD 4 millones en joyas, Leandro Norero inventó un contrato para justificar ese dinero ilícito.
La historia empieza con un sujeto conocido como ‘Catota’. Esta persona contactó a Helive Angulo, alias ‘Estimado’, y le dijo que conocía a Héctor Paredes, uno de los policías de la división de lavado de activos, que estaba investigando el caso de Leandro Norero, alias ‘El Patrón’.
Norero había sido detenido el 25 de mayo de 2022. Estuvo detenido hasta octubre de ese año en la Cárcel de Cotopaxi, cuando fue asesinado.
Desde esa prisión comandó una estructura de corrupción que buscaba la impunidad para él y su familia. El grupo de uniformados que representaba ‘Catota’, según Angulo, pedía USD 1,5 millones a cambio de no entregar los informes finales de la indagación a Norero o, al menos, alterarlos para que no se encuentren indicios del lavado de activos.
A partir de ese momento, Angulo y Norero empezaron a recibir información privilegiada de la investigación policial. Por ejemplo, imágenes de los recipientes en donde estaban los celulares incautados a ‘El Patrón’.
Además, ‘Estimado’ recibió la alerta de que en las investigaciones apareció el nombre de Landy Párraga, una exreina de belleza, que fue asesinada en abril de 2024. Norero pagó USD 300.000 para que ese nombre no se incluyera en los informes.
En medio de esas negociaciones, Norero y sus aliados idearon un plan para justificar el dinero que lo hacía caer en un lavado de activos. Cuando fue detenido, en poder de ‘El Patrón’ se encontraron USD 6 millones en efectivo y USD 4 millones en oro y joyas.
Por USD 400.000, los uniformados accedieron a ingresar a la cadena de custodia un contrato para justificar el dinero hallado en el allanamiento a la casa de Norero.
Los policías, ahora también procesados en el caso Metástasis, hicieron parecer que ese contrato se encontró en la caja fuerte de la casa de Norero. Por eso, fue ingresado como una prueba más, que desmontaba el caso por lavado de activos.
El contrato en Panamá
La idea se fraguó entre Norero, ‘Estimado’ y Cristian Romero, el abogado identificado como ‘Global Pax’. Este último fue el encargado de viajar a Panamá, con una escala en Colombia, para concretar el plan.
«Los manes se suicidaron por usted», le escribió Romero a Norero. Los dueños de las empresas involucradas en ese movimiento habrían accedido a firmar un contrato con fechas anteriores.
Romero lo legalizó en Panamá. Cuando regresó, ya con el contrato firmado y legalizado, fue a la Cárcel de Latacunga para que Norero también lo firmara. Además, habrían secado los documentos para que la tinta se envejeciera.
Los firmantes, además de Norero, fueron Pablo Pinillos y Patricio Coba, representantes de Alessmart, una empresa ecuatoriana, y Marzam, una firma panameña.
Ambos son primos y sus madres son las accionistas de Alessmart. Según el contrato, estos personajes eran inversores en un proyecto inmobiliario que Norero tenía en Santa Elena.
El costo de ese proyecto era de USD 17,8 millones. Alessmart y Marzam pondrían el 50% de la inversión. Es decir, USD 8,9 millones.
En su testimonio anticipado, ‘Estimado’ dijo que llegaron a esa empresa a través de Santiago T., un contador que era parte del equipo de Romero y que también le llevaba la contabilidad a Alessmart.
Según Santiago T., Alessmart tenía la posibilidad de justificar la entrega de ese dinero, ya que en los últimos años había facturado entre USD 54 y 60 millones.
Durante las investigaciones, la Fiscalía llamó a declarar a los representantes de ambas empresas. No podían justificar la firma del contrato en Panamá, ya que enero de 2021 -cuando esto supuestamente ocurrió- estaban en Ecuador.
Por esta razón, según el relato de Angulo, armaron un «viaje ‘cantinflesco'», en el que aseguraron que Pinillos y Norero fueron en moto desde Guayaquil hasta Panamá, «cruzando la selva», para firmar el contrato.
Y que luego se entregaron los USD 8,9 millones en efectivo.
Alessmart, un viejo conocido del correísmo
En su testimonio anticipado, Helive Angulo relacionó a Alessmart, la empresa que se «suicidó» para ayudar a Norero, con el Consejo de la Judicatura (CJ) que fue comandado por el correísmo.
Y esa relación es real.
Según los registros del Servicio de Compras Públicas (Sercop), Alessmart estuvo detrás de la construcción del Complejo Judicial de la Florida, en el Norte de Guayaquil.
El contrato se firmó en 2011. No hubo concurso, ya que de por medio estaba la emergencia. La adjudicación la hizo el CJ de Transición, que lo presidía Pablo Rodríguez, por USD 34 millones.
Más adelante se firmó otro contrato complementario por USD 12 millones. Pero en esa administración no terminó la obra. Luego vino la presidencia de Gustavo Jalkh, quien dejó la secretaría particular del expresidente Rafael Correa para liderar la Judicatura.
En su gestión, el CJ le dio otro contrato de USD 9 millones a Alessmart para terminar la obra. Cinco años después, Jalkh fue destituido por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
En su lugar asumió una Judicatura transitoria. Esa administración determinó que el Complejo Judicial de la Florida tuvo un sobreprecio de USD 17,7 millones.
Pero ese no fue el único contrato de Alessmart con el correísmo. Además, esta empresa participó en obras contratadas por la extinta Dirección de Servicio Educativos, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda.
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