Varias son las perspectivas que maneja la ciudadanía al momento de hacerse pública una decisión judicial. En primera instancia, y como una de las ideas más recurrentes, se manifiesta que las leyes están hechas para defender a los delincuentes, mientras que, la ciudadanía que no ha cometido un crimen, queda “indefensa”.
En este sentido, también se ha hecho una crítica a la implantación de los Derechos Humanos, diciendo que no permiten la lucha contra el crimen y la delincuencia. El maestrante por la Universidad Externado de Colombia y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, Keevin Gallardo Ruiz, a través de un análisis jurídico y social, ofreció su punto de vista, profesional y como ciudadano, con respecto a la afirmaciones de la ciudadanía. Asegura que el Estado no está cumpliendo con su papel de garantizar seguridad y justicia a la ciudadanía, y que un preso, o un delincuente, no puede perder su condición humana, y por lo tanto, no puede perder sus derechos.
¿Cómo funciona la administración de Justicia en el Ecuador?
Es válido hacer un análisis de la estructura del Estado. El Estado, por su naturaleza contractualista, se enmarca en una división de poderes: El Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta es la esfera tripartita de la división de poderes. Posteriormente, en la Constitución de Montecristi se añadió al poder electoral y el de participación ciudadana. Basados en esta esfera, hay que tomar en consideración que el poder judicial, y el sistema legislativo sirve de contrapeso para los otros poderes del Estado. En ese sentido, nosotros debemos tener en cuenta que el sistema judicial debe contar con total autonomía, y total independencia con respecto a las otras funciones.
Con referencia a este debate, se han tomado en cuenta a los Derechos Humanos. En este sentido, tenemos que recontraernos a lo que dice la doctrina y la Constitución, con respecto a lo que son los Derechos Humanos y qué son los derechos fundamentales. Hay que generar esa diferencia. Los Humanos son aquellos que son inherentes a las personas por su simple condición humana. Aquí no hay que hacer una diferenciación como lo decía Thomas Hobbes cuando mencionaba que “el hombre es el lobo del hombre”. En ese sentido, nace la necesidad de un Estado para controlar, a través del monopolio legítimo de la violencia, la conducta del ser humano, implantando reglas, implantando leyes que deben ser cumplidas.
¿Por qué cree que dicen que la implantación de Derechos Humanos no permite la lucha contra el crimen?
Sí permiten, pero vamos a darle la razón a la gente que tiene este criterio, que también puede ser respetable. ¿Qué pasa si les damos la razón a estas personas? Si implantamos un sistema en el que el Estado no tiene que respetar los Derechos Humanos del delincuente. Todos tenemos un derecho que es universal, la presunción de inocencia. Qué pasa si un policía te detiene en la calle, él asume que tú eres un delincuente, te desaparece, hay una ejecución extrajudicial. ¿Se respetó tu derecho a la presunción de inocencia?, ¿se respetó tu derecho al debido proceso? Ese es el peligro que tenemos si mencionamos que los delincuentes no tienen derecho a los Derechos Humanos. En el caso del policía Olmedo, siendo más concretos, con toda la pena del mundo, ya que ninguno de nosotros estamos exentos a que nos pase algo similar, se demostró científicamente que Olmedo actuó de una manera que no estaba contemplada dentro de la normativa ecuatoriana, ni de estándares internacionales. ¿Qué pasa si se genera un ambiente de impunidad, y esto lo siguen replicando los agentes del orden, que no tienen capacitación en Derechos Humanos?
¿Qué deficiencias hay en el sistema?
El Consejo de la Judicatura. Para mí, el principal enemigo de la Justicia en el Ecuador, de la transparencia, es ese órgano. Esta institución, que debería ser administrativa solamente, tiene y maneja un control del sistema judicial. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia, ya no es la máxima autoridad judicial, como debería ser, porque se les tiene pavor y miedo a los consejeros de la judicatura, ya que anteriormente estaban en la capacidad de destituir jueces. Últimamente, se reunieron Lasso, Iván Saquicela, y el presidente del Consejo de la Judicatura. Ellos enviaron un panfleto con una firma al presidente de la Corte Constitucional, en el que se pedía, de manera expresa, que se devuelva la competencia al Consejo de la Judicatura para empezar procesos sancionatorios a los jueces. Con esto, nuevamente, se busca concentrar ese poder, no en el órgano principal que tendría que ser la Corte Nacional de Justicia, sino el Consejo que, a mí criterio, debería tener solo una potestad administrativa.
Si siguen estas falencias, ¿cree que la ciudadanía consideraría legítimo hacer justicia por mano propia?
Hay que ver las frases que se utilizan en los barrios como autodefensa: “Barrio organizado, ladrón atrapado será quemado”, ¿qué estamos haciendo con esto? Así se interpreta que el Estado no controla el monopolio legítimo de la fuerza. Ese monopolio está subdividido entre las bandas criminales, inclusive, dentro de las bandas criminales organizadas del ladrón de la calle. El país se encamina a ser un Estado fallido.
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