La mujer tiene la decisión sobre su cuerpo

La Corte Constitucional dictó, el 28 de abril de 2021, la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Integral Penal (COIP). Fernanda Yaulema, directora ejecutiva de la Fundación “Nosotros con Equidad”, recodó que con esta decisión lo que se hace es no discriminar a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación, porque estos artículos solamente despenalizaban el aborto en casos de mujeres con discapacidad. La mujer decide sobre su cuerpo.

¿Qué se logra con esta decisión?
No solo que la Defensoría del Pueblo pueda establecer, a través de una dinámica a nivel nacional y participativa de las organizaciones, un reglamento que ya fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional, sino que se regule la despenalización del aborto en caso de violación, que ya es un derecho otorgado por la Corte Constitucional. En ese debate está la Asamblea. No se está debatiendo la despenalización del aborto en caso de violación, porque ya está despenalizado, sino que se está tratando la regulación.

¿Qué casos han llegado a la fundación?
Nosotros, a lo largo de nuestra vida como fundación, hemos atendido a muchas víctimas de violencia sexual. Voy a poner el ejemplo de una niña de 12 años que fue víctima de violación por reiteradas ocasiones por parte de su tío. Estaba embarazada. Nunca se dio cuenta. Era una niña de 12 años. Ni siquiera sus papás se dieron cuenta porque aún ni menstruaba. Al término del embarazo comenzó a tener contracciones. Van al hospital y ahí se entera la niña y la familia que estaba por dar a luz. Este caso no es el único, pero si lo cuento es para que nos podamos sensibilizar sobre el reglamento que tiene que aprobar la Asamblea.

¿Qué debe primar en este debate?
La parte científica y técnica. Somos un país laico, pero también debemos saber y conocer lo que dicen las víctimas y las mujeres. Son nuestros cuerpos los que están en esta lucha constante. Hemos dicho que aquí se necesita una atención integral para la restitución y reparación de las sobrevivientes de violencia sexual desde principios biotécnicos, como la beneficencia, la no maleficencia, la confidencialidad y autonomía de la mujer. Es la mujer la que decide. La ley no hace que todas las mujeres víctimas de violencia sexual y que quedan en estado de gravidez abortes, sino que es la mujer la que decide, pero también el Estado debe incluir esta atención integral y darle un seguimiento en el aspecto psicológico, social, nutricional, porque también muchas mujeres y niñas van a decidir el tener a su hijo. Estos servicios deben ser accesibles en todo lugar. No podemos condenar a las mujeres a no poder acceder a estos servicios, como pasa ahora, que no acceden a los mismos y se ponen en peligro sus vidas. El aborto es un problema de salud pública.

¿Qué se busca con esta regularización?
Lo que buscamos es precautelar la vida de las mujeres, porque las mujeres son los sujetos de derecho. Aquí también debemos ver los parámetros técnicos a nivel internacional, lo que nos dice las Naciones Unidas e inclusive otras legislaciones, como la alemana o argentina, en cómo regular la interrupción del embarazo por violación y no existen plazos. Esto porque las víctimas tienen en muchas ocasiones a sus agresores dentro del círculo familiar y no es que al día siguiente avisan. Deben dar oportunidad para que la mujer decida porque es su derecho.

¿Los violadores de menores de edad son parte de su entorno?
En muchos casos sí. En Ecuador existe muchísimo incesto. En una población de pescadores en Esmeraldas conocí a cinco adolescentes víctimas de incesto, quienes dieron a luz a su hijo-hermano. Son casos que todavía pasan en el Ecuador y que pasan también en Riobamba. La mayor parte de estos casos están dentro del círculo familiar, es escalofriante. Más allá del debate conservador o religioso, debemos tener un debate con una altura científica y bajo esta realidad y el problema que tenemos como sociedad.

Si se aprueba la ley, ¿cree que se cumpla?
Buena pregunta. Hemos tenido leyes muy bonitas que nunca aterrizaron. Aquí debe existir una decisión política desde el Gobierno Nacional y de los gobiernos locales con una verdadera política pública. Lastimosamente, si el Gobierno ni sabe cómo va a estar la norma y ha dicho que hasta va a vetar la ley, y ahí estamos mal.

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