El pasado 27 de abril, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró al terrorismo como una amenaza que atenta a todos los elementos del Estado, y busca precautelar la integridad de todos los habitantes. Fuerzas Armadas, listas para defender
Contexto. Entre las tantas recomendaciones que planteó la Cosepe al presidente está la de aplicar medidas urgentes que incluyan el empleo de armas letales; el pasado tres de mayo, mediante el Decreto Ejecutivo 730 la Cosepe dio cumplimiento a dicha resolución dando paso a que las Fuerzas Armadas defiendan la soberanía e integridad territorial ante cualquier tipo de acto vandálico considerado como terrorismo.
Ley.
De esta manera, el abogado penalista Hernán Garces señaló que según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el terrorismo está tipificado en el artículo 366 y menciona que “la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o ponga en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar algún tipo de daño, serán sancionadas con pena privativa de libertad de diez a trece años; pero también hay que recordar que esta norma vigente describe diez acciones que también son sancionadas con pena privativa de la libertad, y que la gente no conoce, ya que puedan llegar a condenas de 26 años al estar dentro de los delitos de terrorismo. Hay que resaltar que en el decreto uno de los puntos que están claramente estipulados es exhortar a todas las funciones del Estado para que apoyen la lucha contra el terrorismo, respetando la independencia de poderes”.
A saber. Garces también puntualizo que “de acuerdo a lo que se ha establecido al índice delincuencial que existe actualmente; en la tipificación establecida según el Ejecutivo de que van a observar qué casos constituyen actos de terrorismo, considero que está bastante bien, porque la acción punitiva del Estado debe ir directamente en contra del delincuente, no puede anteponerse la paz general sobre la delincuencia, y se dice que con el aumento de las penas se terminará la delincuencia.
Considero que no, porque debe haber una reforma estructural desde las bases, comenzando desde una buena educación de la escuela, colegio y universidad, a parte de la falta de empleo y fuentes de trabajo, lo que constituye un agravamiento de los hechos delictivos que suceden en el país”.
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