La Fiscalía pidió la pena máxima para Aquiles Álvarez por el caso Triple A y el tribunal entró en deliberación para emitir su sentencia.
La Fiscalía pidió la pena máxima para Aquiles Álvarez y otros procesados en el juicio del caso Triple A, relacionado con un presunto esquema de comercialización ilegal de hidrocarburos.
Tras concluir los alegatos finales, el tribunal ingresó a la etapa de deliberación y notificará posteriormente la fecha en la que dará a conocer su sentencia.
La etapa de alegatos concluyó la noche del 2 de agosto de 2026, luego de que la fiscal Ruth Amoroso desistiera de ejercer su derecho a réplica frente a los argumentos expuestos por las defensas de los procesados y de las empresas involucradas.
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Fiscalía solicitó la pena máxima para los principales procesados
Durante su intervención, la fiscal Ruth Amoroso solicitó que se imponga la pena máxima prevista para el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos a Aquiles Álvarez y otros procesados considerados autores directos y coautores.
Según la acusación, la presunta estructura empresarial habría desviado más de 22 millones de galones de combustible, ocasionando un perjuicio económico al Estado superior a USD 61,5 millones.
Principales pedidos de la Fiscalía
- Pena aproximada de seis años y ocho meses de prisión para autores directos y coautores.
- Multa equivalente a 12 salarios básicos para los principales procesados.
- Clausura definitiva de seis empresas procesadas.
- Pago solidario de más de USD 61,5 millones como reparación integral.
- Disculpas públicas y publicación de la sentencia en un medio nacional.
La Fiscalía sostiene que existió un desvío sistemático de combustible
El Ministerio Público sostiene que las empresas investigadas utilizaron una modalidad conocida como «cambiazo», mediante la cual combustible subsidiado destinado a determinados segmentos habría sido comercializado posteriormente a otros sectores con precios superiores.
Según la Fiscalía y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), las operaciones investigadas habrían incumplido controles regulatorios y contratos suscritos con Petroecuador.
El director de la ARCH, Christian Puente, aseguró que la investigación se originó tras detectar un incremento inusual en las ventas de estaciones de servicio.
Expuso ejemplos de presuntas irregularidades relacionadas con registros de placas vehiculares y abastecimiento de embarcaciones.
Petroecuador respaldó la acusación
Durante los alegatos finales, la defensa de Petroecuador respaldó la tesis de la Fiscalía y sostuvo que el presunto desvío de combustibles afectó un recurso estratégico del Estado.
La empresa pública también respaldó el pedido de reparación integral por más de USD 61 millones, al considerar que el perjuicio no corresponde únicamente a diferencias administrativas o contables.
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La defensa pidió la absolución de Aquiles Álvarez
La defensa del alcalde de Guayaquil rechazó la acusación y sostuvo que las empresas investigadas operaban con autorizaciones vigentes emitidas por las autoridades competentes.
El abogado Ramiro García argumentó que la Fiscalía sustentó parte de su acusación en una reforma legal posterior al periodo investigado y que, además, fue declarada inconstitucional.
Por lo que consideró que el proceso pretende aplicar una norma inexistente para los hechos analizados.
«¿Qué conducta del señor Aquiles Álvarez logró probar la Fiscalía? La respuesta es igual de sencilla: ninguna».Ramiro García, abogado defensor
La defensa también sostuvo que no existe evidencia de que Aquiles Álvarez haya ordenado o ejecutado directamente el presunto desvío de combustible.
Firmó que no puede atribuirse responsabilidad penal únicamente por haber ejercido funciones de administración en las empresas investigadas.
El tribunal inició la deliberación
Concluidas todas las intervenciones de la Fiscalía, las instituciones acusadoras y las defensas, el Tribunal anunció el cierre de la etapa de juicio.
La siguiente fase corresponde a la deliberación de los jueces, quienes comunicarán posteriormente la fecha en la que emitirán su resolución sobre el caso Triple A.
Preguntas frecuentes
¿Qué pidió la Fiscalía para Aquiles Álvarez?
Solicitó la pena máxima prevista para el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos, además de multas y reparación integral.
¿Por qué se investiga el caso Triple A?
La Fiscalía sostiene que existió un presunto esquema de comercialización ilegal de combustibles subsidiados entre 2020 y 2024.
¿Cuál es la siguiente etapa del caso Triple A?
El tribunal ingresó a la fase de deliberación y anunciará posteriormente la fecha para emitir su sentencia.
¿Qué respondió la defensa de Aquiles Álvarez?
Negó que existan pruebas suficientes y afirmó que la acusación se basa en una norma que, según su argumento, no era aplicable al periodo investigado.
El fallo del tribunal definirá si acoge o no los pedidos formulados por la Fiscalía y las acusaciones particulares dentro del caso Triple A, uno de los procesos judiciales de mayor impacto político en el país.
