El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional elevó oficialmente el nivel de alerta de amarilla a naranja para 17 provincias del Ecuador, incluida Chimborazo, con afectación directa a cinco de sus diez cantones: Alausí, Chunchi, Colta, Cumandá y Pallatanga. Este cambio confirma que la fase de monitoreo pasivo ha concluido. La alerta naranja ubica al territorio en contingencia inminente; la amenaza deja de ser una probabilidad para convertirse en un evento en desarrollo que exige respuestas técnicas, inmediatas y coordinadas entre el Estado y la ciudadanía.
La causa directa es el calentamiento anómalo y sostenido de la superficie del océano Pacífico. Al escalar la alerta, las instituciones deben activar protocolos de movilización financiera, despliegue logístico y preparación de albergues. Las autoridades no prevén un invierno rutinario, sino un periodo de extrema severidad que pondrá a prueba la resistencia de la infraestructura vial, el acceso al agua potable y la estabilidad de las comunidades rurales.
Se anticipa un fenómeno de El Niño con potencial catastrófico; por ello, la urgencia radica en cerrar la brecha entre la fuerza natural y la vulnerabilidad del territorio. Chimborazo posee una geografía de contrastes: el vapor marino es empujado por el viento hacia la cordillera, provocando que en las zonas bajas la acumulación de agua genere inundaciones, mientras que en la alta montaña el líquido penetra la tierra, incrementa la presión interna del suelo y desata deslaves.
El impacto en estos cantones se traducirá en la pérdida de cultivos, afectación a servicios básicos y el corte prolongado de arterias viales decisivas para la Sierra Central. El riesgo más crítico recae sobre las familias asentadas en zonas frágiles, amenazadas por el desbordamiento de ríos o el colapso de laderas inestables.
Amortiguar este golpe exige que los COE provincial y cantonales operen de inmediato con cartografía actualizada, presupuestos de ejecución directa, obras de prevención prioritarias y comunicación clara hacia la población.
Es momento de fortalecer la capacidad institucional para actuar con anticipación, precisión y sentido de urgencia frente a un fenómeno proyectado como uno de los más destructivos de nuestra historia.
