Garcés plantea dos escenarios en el caso Olmedo: uno, donde hay gente a favor y otros en contra; sin embargo, las decisiones se basan en las normativas legales vigentes. fallo contra el policía Olmedo.
Desde su punto de vista como profesional del Derecho, ¿cómo ha observado la sentencia condenatoria contra el cabo segundo de Policía Santiago Olmedo?
Aquí hay que ser frontales en ese asunto. Tenemos dos tipos de óptica: la óptica sociológica y la otra es la legalista criminológica. Desde estos dos puntos de vista debemos partir que la necesidad de un administrador de justicia es de apegarse estrictamente a la normativa que está vigente, entonces, si está vigente una normativa no le quedaría otra alternativa que ajustarse a ésta de acuerdo a la conducta delictuosa y al delito que está juzgando el operador de justicia. Por el otro lado tenemos la óptica social, en la que no estamos de acuerdo a veces con una sentencia, sin embargo se ha aplicado la norma. El problema está en la hemorragia de leyes que existen y que producen una inseguridad jurídica por ser las normas eminentemente abiertas y que técnicamente hablando existe la posibilidad de que en materia penal, el juzgador pueda interpretar de diferentes manera, mas no como había en las normas del Código Integral Penal anterior, el cual era eminentemente restrictivo. No se podría hacer una interpretación extensiva con relación a una conducta delictuosa.
¿Hay algún problema con las leyes?
El problema es eminentemente de leyes. Tenemos una normativa que está vigente y simplemente se lo aplica, pero, en este caso que ocurrió, lo único que yo observo es que existe evidentemente una interpretación social que causa indignación, pero no nos damos cuenta que el Estado en vez de proteger a la víctima, tenemos dos tipos de derechos tanto para la víctima como para el victimario, aquí a la víctima se la está dejando a un lado.
¿Qué ocurre en la sociedad ante el fallo contra el policía Santiago Olmedo Gordillo?
No se puede confundir lo legal con lo social. Aquí existe una inmediatez, porque el asunto se hizo mediático, entonces el conglomerado social cree que se ha aplicado mal la ley, pero no es así, la ley ya está escrita y únicamente lo que ha hecho el juzgador es aplicarlo. Tenemos dos partes, donde unos están de acuerdo y otros no, pero tenemos que ver que existe un mandamiento dentro de los abogados que cuando se presente un conflicto entre la ley y la justicia siempre se aplicará la justicia. En este caso yo considero que se ha aplicado la ley, pero no la justicia.
¿Cómo ve usted el apoyo que el presidente Lasso ha manifestado al cabo Santiago Olmedo G.?
Es indudable que es un asunto eminentemente político, pero va a surgir un problema de autonomía de funciones e independencia y soberanía. La Constitución de la República es un estado constitucional, lo que significa que todas las funciones del Estado son soberanas e independientes. Si se ha pronunciado el presidente de la República tenemos ya en consecuencia de que está previsto un indulto a una sentencia, entonces esas son jugarretas en que cae la sociedad y el conglomerado en creer que esta cuestión política se lo lleva y se deja a un lado las cuestiones evidentemente jurídicas y legales. Ahí existe un conflicto de funciones. ¿Qué ocurriría en un caso análogo que se pueda presentar a futuro? Ya tenemos previsto que ya la independencia y la soberanía de los administradores de justicia y la Función Judicial se va a desplazar a través del criterio y opinión política que pueda tener el gobernante de turno. Hay que rectificar las normativas que se encuentran vigentes.
|
TELEGRAM 
|
GOOGLE NEWS 
|
|---|
