Empleo en instituciones públicas / En el país no solo se le metió la mano a la justicia, sino a todos los poderes del Estado, ya que están subyugados al presidente de la República, pues, vivimos un Presidencialismo absoluto, dice el abogado Juan David Aldaz.
Muchas normativas tienen tinte político… Se ha cambiado el efecto jurídico de la normativa a fin de favorecer al delincuente. Así, por ejemplo, según la “bendita” tabla de consumo con la que antes se normaba la gente tenía miedo a transportar cocaína, heroína, marihuana… ahora le cogen y dice: “es para consumo personal”, y si no pasa el límite definido no hay problema y ahora cuánta gente enferma de drogadicción, cuántos comercian libremente en la que era la tranquila Riobamba, y ahora sabemos que los delincuentes hacen y des- hacen, entran y salen “como Pedro en su casa” de la cárcel.
Vivimos en una novela infinita...El gobierno nos tiene a la expectativa de que a cada semana ocurre un capítulo nuevo, es así que en una semana sale a la luz pública el reparto de hospitales, a la siguiente encontramos una cuenta en paraísos fiscales del presidente de la Asamblea, a la siguiente Abdalá Bucaram y su familia están involucrados en el contrabando de piezas históricas y, así, cada se- mana hay una novedad.
Por tantos hechos bochornosos, la gente prefiere “no acudir a la justicia”… Recordemos cuando salió a la luz pública cómo se daban las reuniones en un hotel de Quito para la evaluación de jueces, en la que se asignaba el puntaje más importante, con el que muchos postulantes estando en último o penúltimo lugar aparecieron como ganadores, y todo esto fue en “entrevistas personales”, de las que no quedaron archivos ni evidencia alguna de lo que los evaluadores preguntaron ni los postulantes respondieron, así también salió a la luz el estudio minucioso que habían hecho a cada postulante, en el que una firma reconocida de abogados había determinado de entre los postulantes quiénes era un “peligro”, porque “es opositor”, “fue abogado en un caso contra el gobierno”… entonces, ¿cómo un ciudadano puede tener confianza en que los jueces realmente van a impartir justicia, si fueron “puestos a dedo”?, incluso se tiene el criterio de que “favor con favor se paga”; es así que vemos que hay actos ilícitos, tales como peculado, cohecho, delitos contra la fe pública, contra la administración pública, en los que se ha hecho un allanamiento, hay detenidos y, sin embargo, ¿qué pasa? ya salieron, ¿por qué?, porque les dieron medidas sustitutivas, ¿y qué ha pasado?, nada, pues, el proceso se ha detenido por falta de impulso fiscal y todo lo actuado… ¡al tacho de la basura!
¿Qué hacer?
Requerimos un cambio de chip en la ciudadanía: en toda institución pública se debe seleccionar a los mejores; y no esperar a tiempos de campaña para salir a pedir empleo, a la espera de que el candidato al que apoyaron gane las elecciones.
¿Qué requerimos?
Necesitamos funcionarios que amen el serlo, que consideren y valoren que tener un trabajo en la administración pública les brinda, sobre todo, estabilidad, una categoría digna de amar y, sobre todo, que se den cuenta que le deben su trabajo a la ciudadanía, al que quiere emprender y paga patente municipal, al que inicia un negocio y empieza a facturar… pues, ¿con qué se cancela a los funcionarios públicos? con impuestos, tributos que salen de nuestros bolsillo, es por eso que el chip en el país debe cambiarse y debemos empezar a escoger a los mejores, a los mejor preparados, y a ellos debemos incentivarles y decirles: “ustedes van hacer de esta institución la mejor”, ¿cómo? contratando a los mejores, y “ustedes van a tener un amplio espectro de trabajo, seguridad jurídica y posibilidades de ascenso
Otro ejemplo:
Muchos funcionarios en la Contraloría General del Estado se ponen a investigar varias denuncias de irregularidades en la administración pública, lamentablemente al momento de presentar sus informes, que suelen incluir responsabilidades civiles y hasta penales, ¿qué suele ocurrir en la mayor cantidad de veces?: viene desde el alto mando un “viserazo”: “bórrales las responsabilidades penales a tal o cual informe, o sino déjalo simplemente ahí, si no vienen a estar impulsando aquí déjalo ahí”.
En contraparte, ¿qué ocurriría si la mayoría abarcaría funcionarios de carrera?
La presión quedaría de lado, y tendrían más independencia en el trabajo, allí tranquilamente podría decir cuando venga una orden del alto mando: “no puedo, porque eso va en contra de mi ética, va contra el manual de buenas costumbres o, por último, póngame por escrito y yo cumplo su orden”, a ver cómo nos fuera. (Empleo en instituciones públicas )
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