El Gobierno nacional está avanzando en la definición del plan para la focalización de subsidios, el cual incluirá la eliminación de subsidios programados como combustibles utilizados por los sectores industriales, así como las gasolinas Extra y Ecopaís.
La ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, anunció el lunes 5 de febrero que este plan ha sido desarrollado en colaboración con organismos internacionales y el Ministerio de Economía y Finanzas.
La propuesta se espera que sea finalizada en los próximos días para ser discutida con el presidente Daniel Noboa, según detalló la ministra en una entrevista con el canal Ecuavisa.
Ahorro de subsidios
De acuerdo con la ministra, se anticipa un ahorro de entre USD 450 y USD 550 millones mediante la eliminación de los subsidios programados, tanto a nivel de bandas como en perspectivas futuras, especialmente en lo que respecta a la gasolina Extra y otros residuos.
En este plan, se incluyen las gasolinas Extra y Ecopaís. La ministra explicó que el mecanismo de eliminación de subsidios debe ser progresivo, implementándose en un sistema de bandas. Además, mencionó varios criterios que se están considerando para la focalización o reducción de los subsidios a los combustibles.
En primer lugar, se está analizando el cilindraje de los vehículos, así como el cruce de cuentas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para evaluar la actividad económica de las personas. Otro criterio importante es el tipo de vehículo, que debe ser afín al uso de los combustibles subsidiados, junto con los ingresos y el patrimonio que posean cada ciudadano que lo consume.
Además de la focalización de los subsidios se buscará «atacar el contrabando del diésel» para generar ahorro de recursos al Estado. También se pretende focalizar el beneficio en el sector pesquero, pero se buscará compensar de alguna manera, explicó la ministra.
Bloque ITT
La ministra Arrobo, también señaló que planteará a la Corte Constitucional (CC) el desmonte de la infraestructura del Bloque 43-iTT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, que prohibió la actividad petrolera tras la consulta popular de agosto de 2023.
«Cuándo saldría de operaciones, eso dependerá de la respuesta de la Corte (Constitucional), pero lo que sí nosotros vamos a hacer un planteamiento es que, al menos, durante cinco años, no se pueda hacer un desmontaje de la infraestructura. Seríamos el primer país en el mundo que hace el desmontaje de un pozo que todavía está operativo y no es hace mucho tiempo que empezó la exploración», dijo Arrobo.
Si bien en principio se había señalado que Petroecuador tenía hasta el 31 de agosto de 2024 para parar las operaciones en el ITT, la ministra señaló que hasta esa fecha deben presentar un plan de cierre.
La salida de operaciones dependerá de la decisión de la CC y el costo ascenderá a unos 1.200 millones de dólares.
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