Tras un año de gestión, los sectores sociales que representan a las minorías y diversidades sexuales manifiestan que el discurso se ha quedado en campaña. Y una de las acciones más evidentes, y que cuestionan a Lasso, fue el veto parcial a la ley que garantiza el acceso al aborto en casos de violación. Lasso presentó más de 60 objeciones a los artículos que se encontraban en el cuerpo legal. Los cambios que más se cuestionaron abarcan la unificación de los plazos para niñas, adolescentes y mujeres, del sector rural y urbano, para acceder a la práctica; también se exigió que se presenten declaraciones juramentadas, una denuncia formal o un examen médico para verificar que la víctima ha sido violada. Estas acciones evidencian que al presidente Lasso Mendoza “no le importan los derechos de mujeres”. El trabajo hecho para las mujeres.
¿Cómo podría evaluar este primer año de Gobierno de Lasso Mendoza?
La palabra justa que debemos utilizar para analizar al Gobierno es “preocupante”. La situación que nosotros, como organizaciones sociales y organizaciones feministas, tenemos acerca del Gobierno es que la gestión es misógina. En realidad, está yéndose contra los derechos de las mujeres, a pesar de que, en 2021, Lasso hizo una mención, en uno de sus discursos. Incluso este año, el 8 de marzo, afirmó que este Gobierno es uno que está preocupado por la seguridad y la vida de las mujeres, pero hay que tener en cuenta que viene a ser una contradicción, sabiendo el veto presidencial que se hizo a la ley que garantiza el aborto en casos de violación.
¿Por qué sostiene esta dura afirmación?
Como todos sabemos —o debemos saber— en Ecuador paren alrededor de siete niñas al día, y aquí es importante recalcar que niñas a mujeres menores de 14 años que, en la mayoría de los casos, en las estadísticas mismo lo dicen, estos embarazos provienen de agresiones sexuales, siendo fruto de violaciones en el mismo entorno familiar. El hecho de que se vete parcialmente esta ley significa que no hay un compromiso con la vida de las mujeres, es decir que al Gobierno no le importa nada, o poco, que las mujeres sigamos siendo violentadas. A parte de esto, la disminución de presupuesto que se dio para los protocolos de prevención de violencia hacia la mujer significa que se está menospreciando una realidad nacional que representa no solo un problema social, sino también de salud pública. También se cerraron casas de acogida, lugares donde las mujeres podían acudir en caso de ser violentadas. Todas estas acciones y, estas políticas de Estado, solo nos generan, a más de incertidumbre, una sensación de desprotección y son un grave atropello hacia los derechos de las mujeres.
¿Hubo alguna promesa referente a este tema?
Lasso vendió en su propuesta de campaña esto: mencionó que este Gobierno sería protector de las mujeres, que las sentencias, por ejemplo, en el caso de violadores, de feminicidas, iban a ser más estrictas; incluso, según lo que nos dijo, la protección de las poblaciones sexogenéricas, las diversidades sexuales iban a tener apertura en su gobierno. Se habló de la creación de esta Secretaría de las Diversidades que, en realidad, no se puede palpar. No ha habido un acercamiento de esta secretaría o un trabajo directo desde el Gobierno con las minorías sexuales, al menos en esta provincia no se ha visto. Aquí tenemos un caso, en Riobamba, donde vimos agresiones contra los derechos de las poblaciones de la comunidad LGBTIQ+.
En el informe a la Nación, se aseguró que los índices de femicidios han disminuido… ¿dentro del activismo se contempla la misma realidad?
Nosotros pensamos que ellos viven una realidad paralela a lo que sucede en campo, a lo que pasa con las mujeres. Desde que inició la pandemia, la violencia de género incrementó y, desde entonces, las cifras no han disminuido. Los femicidios siguen sucediendo, y las políticas que deberían implementarse no se están dando. Siguen femicidas libres, siguen las violaciones, situaciones que atentan contra los derechos de las mujeres. La mayor parte de las organizaciones feministas tenemos este concepto. Las políticas de Estado van en contra de estos derechos.
En el tema laboral, ¿se garantizó la estabilidad a los médicos?
Los procesos que debían llevarse a cabo en el IESS no se dieron. Muchos de los nombramientos que sí se dieron son un poco cuestionables, porque no se tomó en cuenta nuestro contingente, que fue necesario en ese momento. En el contexto de la pandemia el trabajo fue extenuante y hasta peligroso. También romantizaron nuestra carrera. El personal de salud se expuso, pero, lastimosamente, puede verse a esta acción como una política de Estado, es decir, ese deseo de tirar abajo todo lo público para privatizar los derechos como el de la salud.
Para finalizar el diálogo, ¿qué proyección tiene para el próximo año?
No solamente seguirán con las privatizaciones, sino que también es muy preocupante el accionar estatal frente a los trabajadores; entonces, en este momento, somos médicos que pueden ser un pequeño porcentaje de los que han sido despedidos; pero, no somos los únicos. Hay trabajadores que han sido precarizados y esto se hará más notorio con el pasar del mandato.
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