Entre la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ) en los últimos días, los desacuerdos han incrementado porque Iván Saquicela presidente del órgano jurisdiccional retiró la confianza a Wilman Terán presidente del ámbito administrativo de la justicia, pero los magistrados de la Corte de Justicia desconocieron la postura de Saquicela.
Antecedentes del caso
Pero todo esto sucede con la destitución del juez nacional Walter Macías, el mismo que llevaba a su cargo varios casos como: Sobornos 2012-2016, el caso Balda o Sinohydro, los que son de gran importancia coyuntural.
Sin embargo, otra dificultad surge por la forma en la que se destituyó al juez nacional, dado que, Terán en función de sus atribuciones lo hizo, a pesar de que solo hubo dos votos (uno de ellos de Xavier Muñoz) a favor de la destitución, pues es necesario recordar que a Macías por una primera ocasión, también lo cesaron de sus funciones por el CJ, presentó una acción de protección y un juez lo devolvió a su cargo y en está vez usó el mismo recurso.
Este mismo magistrado es el que está a cargo de los procesos de los dos vocales del CJ, hablamos de Juan José Morillo y Ruth Barreno, ambos en las dos veces en las que querían destituir a Macías, estos se abstuvieron de votar. Además, desde que se enviaron las ternas para escoger al titular de la CJ, Macías se opuso públicamente, pero este mismo juez es el que procesó a estos dos vocales.
Más allá de esto, es importante tener en cuenta el momento atípico en el que nos encontramos con las elecciones anticipadas y las diferentes crisis sociales, políticas y económicas, así como la revelación pública de audios en los que indican que tanto la Fiscalía y el presidente ya conocían sobre las amenazas en contra la integridad del asesinado Fernando Villavicencio y el equipo periodístico de La Posta.
«La Judicatura no puede ser condicionada por otros funcionarios del estado, ahí sería un grave problema»
Juan Pablo Albán, docente universitario
A saber
Desde la perspectiva de Juan Pablo Albán, docente de la Universidad San Francisco de Quito y ex vocal del Consejo de la Judicatura transitorio, una posibilidad sería otro episodio de “distracción, vanidades y egos de Lady Diana Salazar, fiscal general del estado, Iván Saquicela, y Guillermo Lasso, presidente”, en la que están usando la ‘supuesta’ falta de representatividad anunciada por Saquicela y no consensuada por otros magistrados y la destitución del juez nacional de la sala de lo penal, Walter Macías.
Realidad. Pero ¿por qué razón sería una distracción? pues porque “la Fiscalía quiere que se cambie de tema porque le han golpeado muy duro a la fiscal” por la revelación de esta información, sin embargo, anteriormente estos personajes no se habían pronunciado sobre los problemas de la justicia ecuatoriana.
Detalles del caso
Ahora ‘aprovechan’ esta situación con el Consejo de la Judicatura, entidad que tiene como competencia los procesos de selección y evaluación de los funcionarios de la justicia, Defensoría Pública, Fiscalía y, a decir del docente “motiva tensiones políticas entre el Consejo como órgano de administración y otros espacios de la función Judicial se sentirían amenazados”.
Es así que Alex López, abogado en libre ejercicio, mencionó que estas dos entidades no pueden mezclarse, pero sí trabajar juntos para que el sistema judicial funcione. No obstante, estos dos abogados coinciden en que la interferencia de la política en estas dos funciones no es saludable, pero hay otro elemento en común, y es que, en este caso, se malentienden las funciones de las instituciones, tal es el caso de la Judicatura porque sí bien desde la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia y la Presidencia nominan a personas, esto no quiere decir que son sus delegados, explicó Albán.
Comentario
Estos convierten en funcionarios a los que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escoge y les entregan una función expresa que deben cumplir conforme a lo que indica la Constitución y demás reglamentos. No es factible que se mal entiendan las funciones solo por la conveniencia de personas o grupos políticos que aspiran controlar la justicia y manipular a su ‘conveniencia’ para obtener más poder.
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