El célebre relato de Hans Christian Andersen narra cómo dos sastres engañan al rey, haciéndole creer que han creado un traje mágico que solo es visible para los inteligentes. Al no ver nada, el rey finge admirarlo por miedo a ser considerado tonto. Finalmente, un niño revela la verdad al gritar que el emperador está desnudo, exponiendo la vanidad y el conformismo de la sociedad. Cualquier parecido con las recientes resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) es pura casualidad; parece que este organismo está tejiendo un traje de institucionalidad con hilos invisibles, pretendiendo que la ciudadanía admire la elegancia de un proceso electoral que, en la práctica, camina desnudo.
Al adelantar las piezas del tablero para las elecciones seccionales, las autoridades electorales actúan como los sastres del emperador, intentando convencer al pueblo de que la celeridad, basada en un informe de gestión de riesgos, es sinónimo de eficiencia y transparencia. Sin embargo, el entusiasmo oficial choca con una realidad evidente: el «traje» de la democracia ecuatoriana está lleno de costuras sueltas, y la premura no es más que una capa para ocultar la falta de garantías reales para un proceso electoral en igualdad de condiciones.
Es evidente que esta maniobra del CNE inclinaría la cancha hacia los sectores políticos que poseen estructuras territoriales consolidadas, favoreciendo a las maquinarias electorales que no necesitan tiempo para instalarse en el imaginario colectivo. Esto deja de lado la posibilidad de que movimientos emergentes y candidaturas ciudadanas cuenten con el tiempo necesario para difundir sus planes de trabajo y construir una base de apoyo orgánica.
Este calendario “exprés” para las organizaciones políticas que han sido suspendidas o canceladas recientemente, actúa como una guillotina administrativa, impidiendo cualquier intento de subsanación legal y excluyéndolas definitivamente de la contienda electoral. Así, se eliminan las voces que representan a sectores de la población disidentes con el actual gobierno.
En este contexto, se esperaría que la intervención de la Corte Constitucional y su pronunciamiento sirvan como un respaldo a la legalidad y la justicia, permitiendo que los electores recuperemos la confianza en un sistema electoral que no está garantizando un proceso equitativo.
