La propuesta del gobierno se centra en la flexibilización de las formas de contratación laboral, que históricamente han incluido el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, figuras que fueron eliminadas anteriormente.
La propuesta del gobierno de Daniel Noboa para aumentar las plazas de empleo en Ecuador ha generado intensos debates y está en camino hacia una posible consulta popular, aunque antes debe pasar por un filtro adicional de la Corte Constitucional.
Contratos
El contexto actual revela que, en el año 2023, el empleo no formal en Ecuador alcanzó su punto más alto, llegando al 55.7% en diciembre, marcando la tasa más elevada en los últimos 16 años. Un dato preocupante es que solo el 2.6% de las personas con empleo formal está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), indicando una brecha significativa en la cobertura de seguridad social.
La eliminación previa de formas de empleo flexibles, como el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, ha sido un antecedente en la legislación laboral ecuatoriana. La propuesta actual planteada por Noboa sugiere que estas formas de empleo no constituirían precarización laboral.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, respalda esta perspectiva, indicando en una entrevista que «hablar de precarización en el contrato por horas es satanizarlo».
Sin embargo, las redes sociales se han convertido en un espacio clave para el debate público sobre este tema. Algunos críticos argumentan que la propuesta carece de fundamentos sólidos, especialmente en términos del precio establecido por hora en estos trabajos.
Según la ministra, la hora laboral tendría un valor mínimo de 1.92 dólares, considerando los costos que corresponden a los beneficios de ley. El objetivo declarado de esta medida es formalizar a los trabajadores que actualmente forman parte de la economía informal.
La discusión en curso refleja la preocupación sobre los posibles impactos de estas medidas en las condiciones laborales y la seguridad social de los trabajadores ecuatorianos. La propuesta busca equilibrar la necesidad de generar empleo con la importancia de salvaguardar los derechos y la dignidad de los trabajadores.
La decisión final, que podría llegar a una consulta popular, deberá considerar cuidadosamente estos aspectos y abordar las preocupaciones legítimas de diversos sectores de la sociedad ecuatoriana.
¿Cuál sería el valor?
Hay varias leyes que amparan el trabajo, y son: la Constitución, Ley Laboral. Otras que tienen que ver con el trabajo de servidores públicos.
Cálculo
La ministra de Trabajo hizo el cálculo sobre el precio de la hora laboral. “Se divide el SBU ($460,00) ÷ 160 horas mensuales (resultantes de las 40 horas semanales de trabajo) = $2.875.
Luego, al calcular la aportación de 9,45% del trabajador al IESS e incluir el pago de la decimotera y decimocuarta remuneración, el monto mínimo de la hora laboral sería de USD 3,09.
El pago de los décimos debe realizarse de forma mensual, con excepción de aquellos trabajadores que soliciten por escrito al empleador recibirlos de manera acumulada. Y, según Núñez, al incluir el valor correspondiente por vacaciones; más los recargos por horas extras y extraordinarias, «llegamos por encima de los $5,00 la hora».
La Ministra de Trabajo también dijo que se tomará en cuenta para el valor de la hora laboral la última tabla de salarios mínimos sectoriales.
Sectores beneficiados
El contrato por horas podría ser aplicado por cualquier tipo de empresa. El director del Centro de Estudios de la Política Laboral, Gabriel Recalde, considera que uno de los sectores que serían más beneficiados sería el comercial, por la cantidad de trabajadores que concentra y su participación en la economía.
De igual manera en servicios como el turismo y la organización eventos, que por la naturaleza de sus actividades pueden requerir trabajadores para jornadas menores a ocho horas o actividades puntuales de pocos días. Al cuarto trimestre de 2024, la tasa de desempleo en el sector de servicios era de 9,6% y el empleo informal llegaba al 31,2%, según el INEC.
El presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, Holbach Muñetón, dice que este tipo de contratos podría incrementar el empleo en el turismo en alrededor de 10.000 personas. Sin embargo, espera que la aplicación de este contrato no termine siendo «complicada» para un sector que está siendo golpeado por la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
Añade que actualmente la ocupación hotelera está apenas entre 5% y 10%. A su juicio, este tipo de contrato podría ser útil para etapas como estas, porque les permitiría contratar a trabajadores por jornadas más reducidas.
Para la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi), la flexibilización laboral que ofrecería este contrato no implica precarización. Por el contrario, «permite ajustar los recursos humanos a las demandas del mercado, asegurando la sostenibilidad de los negocios y la continuidad de los empleos en momentos de incertidumbre», dice el gremio en un comunicado.
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