Fiscalía General del Estado investiga a un concejal de Riobamba por presunta falsificación de documentos en un título de tercer nivel.
La Fiscalía Provincial de Chimborazo mantiene abierta una investigación previa, expediente N.º 060101824100532, que coloca bajo el microscopio legal al actual concejal de Riobamba, Wanderberg V. Por un presunto delito de falsificación y uso de documento falso.
El proceso avanza con la recolección de evidencia clave. Entre los elementos solicitados figuran copias certificadas del título universitario presuntamente inscrito en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT).
También, documentos firmados durante su gestión edilicia, certificados de bachillerato, convocatorias municipales en las que conste su participación, y su hoja de vida registrada en el GADM de Riobamba.
A esta recopilación se suman ya respuestas oficiales de la SENESCYT y de la ciudadana Marcela Mancheno, cuyos documentos habrían sido añadidos al expediente.
La lupa institucional busca establecer si los documentos presentados por el concejal son auténticos o, por el contrario, si se configuraría el delito de falsificación en el ejercicio de una función pública.
Concejal de Riobamba registra documentos de un título de tercer nivel
Sin embargo, un dato crucial ha surgido del sistema oficial de registro, según consta en la base de datos de la SENESCYT, el 25 de octubre de 2024 fue registrado a nombre de Wanderberg Guillermo V., un título de Licenciado en Administración de Empresas.
Este, expedido por la Universidad Integral del Caribe y América Latina (UNICAL), bajo el número de registro 5312243202.
Más allá del debate documental, la legislación vigente establece parámetros claros. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) no exige poseer un título universitario para postularse a cargos de elección popular.
Ser ecuatoriano, tener la edad mínima correspondiente y no estar inhabilitado constitucionalmente son los requisitos esenciales.
Esto implica que, incluso en caso de que se comprobara alguna irregularidad en los documentos académicos, ello no necesariamente invalidaría la postulación o el cargo.
La Fiscalía ha dado un plazo de cinco días hábiles para que las entidades requeridas entreguen la documentación solicitada.
