Los ciudadanos de Riobamba manifestaron que las condenas recibidas del caso Metástasis eran insuficientes para los delitos cometidos.
El 25 de noviembre de 2024, la Corte Nacional de Justicia sentenció a 9 años de prisión a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y al policía de Chimborazo Armando Ruiz, junto a 19 procesados más, por su participación en una red de corrupción judicial.
El caso Metástasis reveló una estructura de delincuencia organizada que beneficiaba al narcotraficante Leandro Norero, mediante sobornos y tráfico de influencias.
Donde la condena máxima ha sido de 10 años, y la mínima de 3 años y 3 meses.
Opiniones ciudadanas cuestionan las sentencias del Caso Metástasis
Las recientes sentencias del caso Metástasis, han generado críticas entre los ciudadanos de Riobamba. Este caso, que implicó a varios abogados y voluntarios en actos de corrupción, ha sido calificado como «injusto» y «demasiado benévolo».
Doris Jácome, una ciudadana, expresó: «A la final ellos saldrán en 10 años, las familias estarán gozando de ese dinero, y se acabó. El pueblo quedó con juicios y pruebas que debieron haberse hecho públicas».
La ciudadanía considera que las penas impuestas son insuficientes. Abigail sugirió que las condenas deberían alcanzar los 25 años y que se asegure la devolución de los fondos obtenidos ilegalmente.
No basta con 10 años de cárcel; deben devolver la plata y garantizar una compensación a las personas afectadas.
Abigail, ciudadana.
Wendy Valla, otra entrevistada, destacó que los condenados suelen beneficiarse de reducciones de pena por «buena conducta» y que el dinero robado rara vez retorna al Estado.
Cumplen las condenas y después salen a disfrutar del dinero. Esto no está bien; el pueblo es el que más lo necesita.
Abigail, ciudadana.
Propuesta de retirar títulos profesionales
Por otro lado, el asambleísta de Chimborazo, Juan Carlos Rosero, ha propuesto una reforma para que a los abogados involucrados en casos de corrupción se les retire el título profesional.
Esta medida ha sido bien recibida por los ciudadanos. «No solamente sería en este campo, sino también en otros. Cualquier cosa mal hecha debería ser sancionada, porque eso ya no es ética profesional», indicó Jácome.
Por su parte, Abigail, opinó que esta propuesta es necesaria para garantizar la justicia: «Tiene que haber un abogado que respalde y ayude, no alguien que perjudique el proceso judicial. Estoy de acuerdo con que se les quite el título profesional».
Asimismo, la percepción de un sistema judicial debilitado es otro tema de preocupación. Abigail sugirió realizar auditorías externas a instituciones como las judicaturas y los UPC: «Es necesario asegurar que los procesos sean transparentes y que la justicia prevalezca».
La ciudadanía coincide en que las penas actuales no reflejan la gravedad del daño causado y exige reformas profundas que garanticen justicia y transparencia en futuros casos.
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