Omar Jarrín, Ángel Lindao y Michael Hernández, implicados en el caso Plaga, ofrecerán su testimonio anticipado en septiembre. Se investigan redes de delincuencia organizada .
En el marco del caso Plaga, que se desprende del caso Metástasis, tres exfuncionarios rendirán su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. Los procesados son:
- Omar Jarrín, exfuncionario del SNAI
- Ángel Lindao, exjuez de La Concordia
- Michael Hernández, exdirector de la Escuela del Consejo de la Judicatura
Las diligencias se realizarán en las siguientes fechas:
- 2 de septiembre: Omar Jarrín
- 3 de septiembre: Ángel Lindao
- 5 de septiembre: Michael Hernández
Caso Plaga y su conexión con Metástasis
El caso Plaga investiga un presunto delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, se habría establecido una red de abogados, jueces, policías y otros funcionarios que otorgaban acciones constitucionales ilegítimas a personas privadas de libertad.
Esta investigación se desprende del caso Metástasis, en el cual se investiga a varias personas por brindar recursos jurídicos ilícitos al narcotraficante Leandro Norero.
¿Quiénes son los procesados en el Caso Plaga?
Michael Hernández, exdirector de la Escuela del Consejo de la Judicatura, trabajó con el consultorio jurídico Fandet, liderado por Christian Romero, presunto cabecilla del caso Plaga.
Según la Fiscalía, Hernández gestionó una resolución a favor de un sentenciado por tráfico de influencias a cambio de USD 50 000.
Además Hernández fue parte del equipo que defendió al prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda en el caso de violencia política de género contra la viceprefecta Mónica Loza.
Ángel Lindao, exjuez en La Concordia, conocido como el «juez suicida».
Según un testimonio anticipado, recibió USD 50 000 para devolverle bienes a Leandro Norero. También se le acusa de recibir dinero para liberar a detenidos.
Omar Jarrín, exfuncionario del SNAI en Azuay, identificado por la Fiscalía como un reclutador de personas privadas de libertad (PPL).
Según la investigación, contactaba a familiares de los PPL y a organizaciones delictivas para obtener su libertad a cambio de beneficios económicos.
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