Caso Plaga dictó nuevas sentencias, Michael Hernández, abogado de Riobamba recibió la más baja y la cumplirá en la cárcel de Cotopaxi.
Michael Hernández, abogado de Riobamba y exdirector de Wilmanterán en el Consejo de la Judicatura, fue condenado a 10 meses de prisión y al pago de USD 16.500 en el Caso Plaga, así lo informó la Fiscalía.
La sentencia, dictada por el juez Edison Cantos, se estableció con una pena reducida debido a que Hernández aceptó su participación en la red de corrupción y colaboró con la justicia.
Hernández, actualmente testigo protegido de la Fiscalía, proporcionó información clave sobre doce hechos que involucran a jueces, exjueces de la Corte Nacional y funcionarios de la Judicatura.
Su testimonio ha permitido a la Fiscalía abrir nuevas investigaciones por cohecho y tráfico de influencias.
Como medida de seguridad, permanecerá en el área transitoria número 3 de la cárcel de Cotopaxi, conocida como «el domo», hasta mayo de 2025, cuando cumplirá su condena.
Michael Hernández aceptó su participación en el Caso Plaga
Durante la audiencia, el abogado aceptó haber formado parte de la estructura de corrupción liderada por Cristian Romero. Quien eera defensor del narcotraficante Leandro Norero, actualmente prófugo.
Hernández confesó que en 2022 gestionó un recurso de casación en la Corte Nacional a favor de Gonzalo Ruález. El mismo que fue sentenciado por tráfico de influencias.
Según su testimonio, Romero le entregó USD 50.000 para asegurar el fallo favorable. El cual fue concedido por el juez Adrián Rojas y el exjuez Luis Rivera. Marco Rodríguez, otro magistrado involucrado, votó en contra de la resolución.
Con la sentencia de Hernández, ya son 9 los procesados en el Caso Plaga que han aceptado su responsabilidad en la red de delincuencia organizada dedicada a la compra y venta de sentencias para la liberación de presos.
Sin embargo, Hernández ha recibido la condena más baja entre los implicados. Debido a su cooperación con las autoridades.
El Caso Plaga continúa en investigación, y se espera que la información proporcionada por el ahora sentenciado permita desmantelar más estructuras de corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano.
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