En el caso Plaga el abogado Michael Hernández lo aprehendieron en Quito. Este profesional fue el abogado defensor del prefecto Tayupanda.
En Chimborazo, por el caso Plaga se realizaron varios operativos. Uno de los vinculados es Michael Hernández, abogado y ex director de la Escuela de la Función Judicial en 2023.
En la provincia Hernández es conocido por su relación con el prefecto Hermel Tayupanda y la firma de abogados Fandet.
En 2023, durante este tiempo Wilmán Terán era el presidente nacional del Consejo de la Judicatura y Álex Palacios ahora sentenciado por delincuencia organizada, era el presidente de esta misma institución en Chimborazo.
Michael Hernández ahora esta bajo la custodia de las instituciones de seguridad con prisión preventiva, después de estar prófugo de la justicia durante 27 días.
La captura fue en las inmediaciones de la matriz de la Fiscalía en Quito este 28 de julio y, ahora, analiza la posibilidad de cooperar con la justicia, así como lo hizo Mayra Salazar o el mismo Álex Palacios.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el acusado era socio de Cristian Romero, abogado del fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Juntos habrían gestionado prelibertades para individuos de alto perfil, incluyendo al exvicepresidente de la República, Jorge Glas. Además, durante la audiencia de formulación de cargos.
La Fiscal Diana Salazar mencionó que Hernández habría recibido USD 5.064 de parte de otro de los imputados en el caso Plaga.
Además, según la teoría del Ministerio Público, Hernández gestionó una resolución favorable en un recurso de casación para un sentenciado por oferta de tráfico de influencias.
Se presume que Cristian Romero, exabogado de Norero y también procesado en el caso Metástasis, entregó USD 50.000. Ambos fueron socios en un estudio jurídico de Romero.
Vínculos con la Prefectura de Chimborazo
Michael Hernández, fue parte del equipo de abogados que defendió al prefecto Hermel Tayupanda, en el caso de Mónica Loza por la demanda de violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En mayo de 2023 se dio la audiencia oral y pública, en la que los jueces del TCE se reunieron en la dirección provincial del Consejo Nacional Electoral.
Después de la audiencia, en la plaza ‘Roja’, el prefecto Hermel Tayupanda dio unas declaraciones en medio de los cientos de asistentes de las parroquias rurales.
Michael Hernández, también se pronunció y manifestó que la denuncia interpuesta por la viceprefecta Mónica Loza era ‘infundada’.
Porqué estoy seguro que Hermel ha sido un verdadero político….
Michael Hernández, en defensa del prefecto Tayupanda
En primera instancia, la denuncia de Loza fue denegada. En la apelación el prefecto Tayupanda tuvo sanciones ‘leves’.
Es oportuno mencionar que Álex Palacios en su declaración por cooperación con la justicia manifestó que Hernández tenía una ‘fuerte’ relación de amistad con el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova.
Palacios, también declaró que Hernández era el operador del juez Córdova. Es por ello, que recusaron a este juez para que no participe en el proceso del Caso Plaga.
De la misma manera, es importante señalar que el juez Córdova ejercía como profesor en el instituto privado CIP-LEX, propiedad de la familia de Michael Hernández, quien se desempeñaba como director del centro.
Implicados en el Caso Plaga de Riobamba
Por el Caso Plaga ya están procesados Lenín Vimos y Hugo Lara Olmos, ambos abogados de Riobamba que confesaron su accionar en la trama de corrupción.
Además de la forma en la que operaban con Cristian Romero, dueño del bufete Fandet y abogado del narcotraficante Leandro Norero.
Fandet se publicitaba como un consorcio que llevaba casos ‘emblemáticos’, uno de los casos que defendieron fue ‘Don Naza’ en 2021.
Cristian Romero, propietario de Fandet, está prófugo de la justicia desde enero de 2024 y aparece en las investigaciones desde que inició el caso Metástasis.
En enero, Diario La Prensa publicó una nota en la que exponemos presuntos vínculos con estas personas.
Sin embargo, Hernández negó que trabajó con Cristian Romero y por ende negó los demás nexos. Amenazando al medio de comunicación.
Además, justificó su ingresó como director de la Escuela de la Función Judicial, alegando que sus méritos académicos le llevaron a ocupar el cargo presumiendo 9 años de docencia.
“Destacando más de 9 años de docencia que he venido desempeñando durante más de 9 años como profesional del derecho con una sólida formación académica con trayectoria personal éticamente irreprochable”
Michael H. vinculado al Caso Plaga
Cabe señalar que en la página de la Senescyt, el título como abogado fue registrado en 2017.
En el mismo Caso Plaga, los abogados Lenin Vimos y Hugo Lara Olmos ahora procesados, declararon cómo fue su accionar, pues ellos recibieron transferencias de dinero y liberaron a personas privadas de la libertad.
Además, en la declaración de Hugo Lara Olmos, en el caso Plaga investigado por la Fiscalía, nombró a varios abogados en libre ejercicio.
Cristian R. (procesado en «Metástasis») y él se asoció con Álex P. (procesado en»Metástasis»), Michael H., Sebastián L.(…) en el Consorcio Jurídico Fander S. A.
Hugo Lara Olmos procesado por el Caso Plaga
Caso Plaga investiga el delito de delincuencia organizada
El 3 de abril de 2024 iniciaron las investigaciones del caso Plaga iniciando con 8 operativos en varias provincias, incluida Chimborazo.
El caso Plaga investiga:
«A través de acciones constitucionales, habrían favorecido a personas con alto nivel de peligrosidad, otorgándoles la libertad, a través de argucias legales y abuso del derecho».
Fiscalía General del Estado
Es decir, que usaron mecanismos constitucionales para la liberación de personas privadas de la libertad.
Los implicados en este caso van desde:
«Policías, personas que ocuparon cargos públicos, abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces. Estos últimos habrían sido captados a través de la entrega de dinero o favores, a cambio de permitir que las PPL obtuvieran su libertad de forma ilegitima, aunque aparentando legalidad.
Fiscalía General del Estado
En el caso Plaga, la Fiscalía investiga el delito de delincuencia organizada.
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