Caso Curicama: A partir de las 14:30 horas de este día se lleva a cabo la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de las medidas cautelares que fueron ordenadas desde la Fiscalía Provincial de Chimborazo en contra del exprefecto Mariano Curicama Guamán y la exviceprefecta Tránsito Lluco Ortiz, conoció La Prensa.
Caso. Fue el pasado 3 de septiembre cuando se llevó a cabo, vía telemática, la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de concusión en contra de los exfuncionarios, esto luego de que la Fiscalía encontrara elementos dentro de la investigación previa por el caso Diezmos.
De acuerdo a la información proporcionada por Wilson Velasteguí, representante de los jubilados que denunciaron esta situación, se habrían realizado descuentos de dinero a 472 empleados y 143 trabajadores, superando el millón de dólares, y que ese dinero iba a una cuenta particular, la misma que estaba a nombre de la exviceprefecta Lluco.
Decisión. Tras la audiencia, que duró aproximadamente dos horas, la fiscal provincial, Mayra Moreno, solicitó medidas cautelares en contra de Curicama y Lluco, entre ellas: prohibición de salida del país, presentarse una vez por semana ante la fiscal provincial, el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) y la prohibición de enajenar bienes.
Luego de conocer esta decisión, el abogado del exprefecto y exviceprefecta. Joffre Campaña, comentó el pasado tres de septiembre, en una rueda de prensa, que el que se haya solicitado que a sus defendidos se les coloque un grillete electrónico es “un acto humillante, denigrante, vergonzoso y que, evidentemente, no responde a la ley, sino a evidentes intereses. ¿Cuál es la necesidad de un grillete electrónico para un hombre que tiene raigambre en la provincia y ciudad?”, manifestó el profesional del Derecho, y esa es la razón para que se haya solicitado dicha revisión de las medidas cautelares.
Otro caso. Otro pendiente que tiene el exprefecto Curicama es la audiencia de apelación por la causa de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Este caso se basó en la denuncia de un grupo de aproximadamente 40 jubilados, quienes denunciaron que a pesar de que la Inspectoría de Trabajo ordenó el pago de valores pendientes a su favor, el exprefecto se negó, por lo que en diciembre de 2019 fue condenado a un año de prisión; sin embargo, la defensa de Curicama solicitó la suspensión condicional de la pena. Los jueces pusieron ciertas condiciones para el efecto, como el que se presente periódicamente ante los jueces o no tener otra instrucción fiscal en el año que se lo sentenció.
Explicación. Fabián Toapanta, integrante del consorcio “Robles Baquer” y abogado patrocinador de los jubilados, comentó que fue en febrero de 2020 cuando se entregó a las partes procesales la sentencia por escrita. Es ahí donde la defensa técnica de Curicama coloca un recurso de apelación, el mismo que fue aprobado. Sin embargo, han pasado 7 meses y no se convoca a dicha audiencia. Toapanta colocó por tercera vez el pedido para que se fije una fecha y hora. “Tengo que velar por el derecho de mis defendidos, los jubilados. Además, para que no quede estancado el proceso”, dijo.
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