Comisión del caso Aidita Ati expuso negligencia institucional y violación a derechos humanos. Pide llamar a jucio a la fiscal Diana Salazar.
El caso de Aidita Ati, subteniente de las Fuerzas Armadas de Ecuador, conmocionó al país tras su trágico fallecimiento en circunstancias que han despertado serias dudas sobre la responsabilidad institucional.
La Asamblea Nacional, mediante una Comisión Especial presidida por la asambleísta Patricia Núñez y conformada por asambleístas de Construye, ADN y PSC, concluyó que hubo graves violaciones de derechos humanos.
Ati perdió la vida en una unidad militar, inicialmente, un informe forense señaló politraumatismos como causa de su fallecimiento. Pero un segundo informe contradijo esta versión, indicando asfixia mecánica.
Estas discrepancias, junto con una cadena de custodia deficiente y la presunta falta de perspectiva de género en la investigación, alimentaron la desconfianza hacia las instituciones encargadas del caso.
Hubo omisión en la asistencia adecuada al subteniente cuando se encontraba en un estado de vulnerabilidad.
Patricia Núñez, asambleísta de Chhimborazo.
Destacó que la investigación reveló que Aidita no fue protegida ni asistida conforme a los protocolos establecidos. Señalando que las Fuerzas Armadas fallaron en su deber de velar por la integridad de la oficial.
Dictamen de la Comisión Especial del Caso Aidita Ati
El trabajo de la Comisión, puso en evidencia varias fallas. La Fiscalía General del Estado, liderada por Diana Salazar, es señalada por no actuar con diligencia en la recopilación de pruebas.
La Fiscalía trasladó el expediente de Orellana a Pichincha inmediatamente después de nuestra solicitud de copias, dificultando el acceso a la información clave.
Asimismo, se identificaron negligencias en las Fuerzas Armadas. Durante la noche de los hechos, Aidita se encontraba en estado de vulnerabilidad y etílico, pero en lugar de recibir asistencia por parte de personal femenino.
Fue llevada a su dormitorio por militares hombres, un acto que contraviene las normativas internas. Además, no se notificó a las autoridades competentes ni se activaron protocolos para garantizar su seguridad.
La Comisión recomendó iniciar juicios políticos contra la Fiscal General Diana Salazar, el Ministro de Defensa, y la Ministra de la Mujer y Derechos Humanos.
Esta última es señalada por su limitada acción frente al caso, al no implementar políticas públicas adecuadas para proteger a Aidita ni apoyar eficazmente a sus familiares.
Además, el Estado tendría una responsabilidad directa en el caso y debe ofrecer reparación integral a los familiares de Aidita Ati.
El caso de Aidita Ati simboliza una alarmante falta de protección hacia las mujeres en las Fuerzas Armadas y expone las fallas institucionales en Ecuador.
La Comisión exige justicia y subraya la necesidad de reformas estructurales que garanticen que estas tragedias no se repitan.
Aidita Ati no solo representa una vida truncada, sino un llamado a transformar las instituciones responsables de salvaguardar los derechos humanos.
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