En los últimos días, las autoridades de la provincia de Chimborazo han mantenido reuniones para encontrar una salida y evitar que las puertas de los ferrocarriles en el cantón Riobamba y Alausí se cierren definitivamente, esto porque el “Gigante de acero”, que fue potenciado hace 10 años, forma parte del patrimonio cultural del país y, más allá, es uno de los atractivos turísticos relevantes de Chimborazo. El futuro del Ferrocarril en Ecuador es incierto.
Al ser considerada “Capital Ferroviaria”, la ciudadanía se ha opuesto al Decreto Presidencial 1057, que elimina la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador, especialmente el sector turístico, que se complementa y vive de esta actividad en los cantones Riobamba y Alausí, y en su trayecto. En este contexto, ayer se reunieron las alcaldías de Riobamba y Alausí, Gobernación de Chimborazo, Ministerio de Turismo y el sector turístico y hotelero, a fin de generar acuerdos para que la operación del ferrocarril no termine.
Carta. Así, desde la Prefectura de Chimborazo se ha emitido una carta de intención al presidente de la República, Lenín Moreno, para mostrar los beneficios que genera este patrimonio cultural. Luis Falconí, director de Turismo del Gobierno Provincial, ha manifestado que la eliminación del sistema ferroviario en el país, específicamente en Chimborazo, generaría un impacto catastrófico para la economía de todos los emprendedores turísticos que viven alrededor del tren y que la cadena de valor global que gira en torno a esta actividad quebraría.
Falconí dice que en 2019 han usado el servicio del tren 63.000 visitantes, y que defenderán este patrimonio y emitirán una propuesta territorial, no sin antes tener una hoja de ruta de cómo se aterrizará el manejo del ferrocarril, que ahora pasó a manos del Ministerio de Turismo, que será el encargado de definir el futuro del tren y quién lo gestionará, si es una empresa privada o una mezcla de lo privado con lo público.
Trabajadores. En la provincia de Chimborazo existen 75 empleados que pertenecían a esta empresa pública; a nivel nacional son 325 funcionarios.
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