El pasado 9 de marzo de 2021 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Reformatoria Orgánica de Educación Intercultural, siendo publicada en el Registro Oficial en abril de ese año. Esta ley fue sometida a una acción de inconstitucionalidad propuesta por el Gobierno de Lenín Moreno, incluido el entonces ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Aumento salarial para los docentes.
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Entre los puntos importantes en esta reformatoria a la ley se encuentra el establecimiento de un nuevo escalafón docente, es decir, un nuevo rango salarial que se definirá según su cargo. Actualmente, el sueldo de un profesor en las unidades educativas públicas ronda los $817, con un techo máximo de $1.676.
Este incremento se refleja en el artículo 115 de este cuerpo legal, en el que se menciona que “la escala salarial de los docentes será determinada por la autoridad competente en materia de remuneraciones”. El texto manifiesta que “el piso de dicha escala no será inferior al equivalente a 2.5 salarios básicos unificados”, es decir, los maestros recibirían un incremento de $169. Con esta reformatoria, un docente de las unidades educativas públicas ganaría alrededor de $986 hasta $2.400, dependiendo de la categorización que tengan los docentes.
Presupuesto para la educación
Según informes del Observatorio del Gasto Público, desde 2017 a 2020 el presupuesto a la educación se redujo de $5,153 millones a $4,569 millones. El portal digital afirma que el aumento de estos salarios “requerirá un gasto de millones anuales”, es decir que este valor ampliaría el déficit fiscal actual “por encima de los 6,000 millones de dólares”.
La Asamblea aprueba el alza de sueldos
El trece de marzo, con 113 votos afirmativos, el Legislativo aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que fue ordenada por la Corte Constitucional. ya que, en agosto de 2021, en medio de una huelga de hambre de maestros, declaró la constitucionalidad de la misma. La presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, manifestó que, como “poder del Estado, reconocemos la ardua labor que día a día cumplen los maestros, para educar a la niñez y adolescencia del Ecuador”. Asimismo, aseguró que, desde la Asamblea, se responde a “demandas urgentes de cambio y renovación del accionar público”.
¿A qué costo?
Tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso, en su enlace con la ciudadanía, aseguró que, actualmente, el país tiene “un déficit presupuestario de 2.3% del producto interno bruto. Mencionó que lo aprobado por el Legislativo “implica un incremento del gasto sin financiamiento de 4 puntos del PIB, aproximadamente”, es decir, según Lasso, el incrementar el sueldo a los docentes generaría un déficit de 6.3% del producto interno bruto.
Asimismo, el primer mandatario manifestó que la “pretendida derogatoria de la Ley Económica de finales del año pasado, pudiera significar una pérdida de ingresos de aproximadamente un punto del PIB”, es decir que el país contaría con un déficit de 7.3% en la economía fiscal, es por ello que aseguró brindar a los maestros soluciones realistas.
En un comunicado oficial, emitido el diecisiete de marzo, el gobierno dijo que trabajará “para incrementar progresivamente” los salarios. Sostiene que se evaluó la ley reformatoria que aprobó la Asamblea Nacional, y que la medida tendría un “impacto presupuestario de $500 millones anuales, aproximadamente”. El Ejecutivo cuestiona que no haya recibido “una solicitud de disponibilidad financiera” para esta propuesta.
Sobre los gastos permanentes
Argumentando el incremento en los ingresos del Estado, como el precio del petróleo, que ronda los $110, la nueva recaudación tributaria que implementó el gobierno y la misma reducción del presupuesto a la educación, varios asambleístas justifican el incremento del sueldo a los profesores. Pero, se debe tomar en cuenta que el artículo 286 de la Constitución manifiesta que los egresos permanentes, es decir, educación, salud y justicia, se financiarán con ingresos permanentes.
Estos gastos, según la Constitución son “prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes”, es por ello que, al ser el precio del petróleo la respuesta hacia un contexto determinado, —la guerra—, no puede ser tomado en cuenta para el financiamiento de la educación, que incluye el pago de salarios. Por otro lado, las nuevas medidas tributarias estaban encaminadas en cumplir los acuerdos que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional y, de esta manera, conseguir más financiamiento por parte de este organismo.
Los docentes reaccionan
La UNE manifestó que esto no se trata de un incremento de sueldos, sino de “una equiparación nacional” de sueldos, y que el Estado cuenta con los recursos para financiarlo y, para ello, comparan los salarios que se dirigen a la defensa nacional, es decir para policías y militares.
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