Asamblea Nacional aprueba reformas al COIP para sanciones más duras para delitos y cambios en extinción de dominio.
Durante, una sesión virtual realizada este lunes 8 de julio, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad las reformas al (COIP).
Posteriormente, implementando cambios significativos que responden a los resultados de la consulta popular del 21 de abril.
Estas reformas, que endurecen las sanciones a varios delitos y modifican el proceso de extinción de dominio, fueron impulsadas por una Comisión Ocasional Multipartidista.
Por su parte, el presidente de la mesa legislativa, Carlos Vera Mora, propuso la aprobación del informe, el cual obtuvo el respaldo unánime de los 132 legisladores presentes.
Entre los que aprobaron las reformas de encuentran representantes del correísmo, PSC, Construye e independientes.
Asamblea Nacional incluye incrementos significativos sanciones para diversos delitos:
- El terrorismo ahora conlleva una pena de 26 años de cárcel, frente a los 10 años anteriores.
- La financiación del terrorismo tiene una pena entre 22 y 26 años de cárcel.
- El tráfico de drogas incrementa la pena de 13 a 26 años de cárcel.
- El secuestro se sanciona con 26 años de cárcel, aumentando desde los 22 años previos.
- El sicariato tendrá una pena de hasta 30 años de cárcel, antes era de 26 años.
- La minería ilegal aumenta la pena de 7 a 20 años de cárcel.
- La trata de personas conlleva penas entre 19 y 22 años de cárcel, y hasta 30 años si la víctima fallece.
- El lavado de activos tiene penas de 5 a 7 años si el monto es inferior a 100 SBU, y de 19 a 22 años si supera los 200 SBU.
- La delincuencia organizada se castigará con penas entre 22 y 26 años de cárcel.
- La tenencia y porte de armas de uso privativo policial y militar tendrán penas de 10 a 13 años y 19 a 22 años de cárcel, respectivamente.
Además, se modificó el procedimiento para la extinción de dominio, estableciendo que no se requiere una sentencia para iniciar la investigación ni para la fase de traspaso de bienes al Estado.
Estas reformas marcan un cambio significativo en la legislación penal ecuatoriana, con el objetivo de fortalecer el combate contra el crimen organizado y otras formas de delincuencia grave.
Por otor lado, la implementación de estas medidas es seguida por la creciente preocupación por la seguridad y la justicia en el país.
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