Se aprueba Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Setenta y dos votos -provenientes de las bancadas de Alianza PAIS, Creo, BIN, parte del BADI, SUMA e independientes- hicieron posible que -12 horas antes que concluya el plazo respectivo- la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, frente a 63 votos en contra y 2 en blanco del PSC, Revolución Ciudadana, Pachakutik, independientes, parte del BADI y un voto de SUMA.
A no dudarlo, el punto de inflexión para la aprobación de la ley fue el pedido de Ana Belén Marín, asambleísta oficialista, para que se realice modificaciones al texto y se cambie la moción de aprobación; así, se mantiene la atribución de los gobiernos autónomos descentralizados y de las instituciones de la seguridad social respecto a sus ingresos y egresos.
Por otra parte, se estableció que los directivos de la seguridad social, en un plazo no mayor a 6 meses, deben analizar y actualizar las resoluciones de los fondos de pensiones y salud que impliquen un aporte del presupuesto general del Estado, esto con el objetivo de precautelar la sostenibilidad financiera de cada fondo.
En lo concerniente a las reglas fiscales, en lo que atañe a las causales excepcionales de suspensión, se definió que la Asamblea Nacional puede pronunciarse respecto a la suspensión de las mismas, esto siempre y cuando se estructure una mayoría calificada, no una mayoría simple, como lo proponía el Ejecutivo. Asimismo, se estructura un fondo de estabilización fiscal con recursos petroleros y mineros, claro, si éstos exceden el rubro presupuestado.
Ahora, está en manos del Ejecutivo aprobar o vetar el nuevo cuerpo jurídico. Es de anotar que la moción fue presentada por el vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero Loayza (BADI), debido a que el titular de este estamento legislativo, Daniel Mendoza (AP-aliados), se excusó por cuanto es parte de una investigación de la Fiscalía General del Estado.