Abogados del caso de la vía La República respondieron acusaciones de la Prefectura de Chimborazo sobre un prejuicio económico de USD 800 mil.
Tras las declaraciones del prefecto de Chimborazo Hermel Tayupanda, acerca de un presunto perjuicio económico de USD 800 mil causados por una demanda del caso Av. La República, los abogados demandantes desmintieron su versión.
Darwin Castillo, Joel Castillo y Ángel Verdugo Ibarra, son los representantes de los 20 ciudadanos que demandaron a la Prefectura de Chimborazo por la construcción de la vía de La República.
Y ante las cifras emitidas por la autoridad, Castillo manifestó.
El prefecto emitió una cantidad aproximada de 800 mil dólares, cosa que no es cierta, pues aún no hay sentencia, no hay ni siquiera el peritaje, el peritaje recién se va a dar el 30 de septiembre y en ese peritaje la jueza va a determinar, cuál es el costo de los daños por la vulneración al derecho a la propiedad.
Darmen Castillo, abogado del caso La República.
A su vez, la autoridad de Chimborazo, afirmó que la demanda era una ‘viveza criolla’ de funcionarios que habrían dado sus terrenos para la construcción y que después demandaron a la prefectura para buscar un ‘beneficio’.
Debido a esto, Verdugo respondió:
No son personas vivas son personas que están haciendo prevalecer su derecho constitucional y obviamente como este derecho no prescribe no hablamos de un tiempo determinado para poder hacer o plantear una acción de protección entonces obviamente o quizá por desconocimiento no plantearon esta acción de protección. Pero estamos a tiempo de hacerlo.
Ángel Verdugo, abogado del caso La República.
La defensa subrayó que los afectados no son exfuncionarios de la Prefectura, como se insinuó, sino ciudadanos ajenos a la administración pública.
Castillo explicó que, en este caso, se ha vulnerado el derecho constitucional a la propiedad, ya que la Prefectura no siguió el debido proceso para declarar la utilidad pública de los terrenos afectados por la vía.
Conflicto por el terreno de la avenida
El terreno está ubicado en Av. Mons. Leónidas Proaño y Vía de la República, en la parroquia El Rosario y tiene una extensión de 12.500 metros cuadrados.
De los cuales más de 5 mil metros se usaron para la construcción de la vía, sin haber seguido el procedimiento adecuado para la expropiación ni haber indemnizado a los propietarios, según sus defensores.
De esta manera, la obra habría vulnerado derechos de propiedad privada, afectando terrenos sin la adecuada expropiación ni pago de indemnización.
Verdugo añadió que, además de la indemnización correspondiente, se solicitará a la Prefectura que capacite a sus funcionarios en temas de expropiación para evitar futuras vulneraciones.
Asimismo, afirmó que este litigio no tiene ‘tintes políticos’ y se centra únicamente en la defensa de los derechos de los afectados.
La audiencia judicial se retomará tras la inspección judicial, programada para el 30 de septiembre, donde se espera avanzar en la resolución del caso.
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