Abogados de Riobamba vinculados en Casos de Corrupción, Metástasis, Plaga y Purga, que han sido los casos más excandaloso en el país.
El 14 de diciembre de 2023, un operativo masivo movilizó a 900 agentes de la Fiscalía y Policía Nacional en seis provincias.
En este operativo se desató una red de corrupción vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada.
La investigación surgió tras el asesinato de Leandro Norero, procesado por lavado de activos, en la cárcel de Latacunga.
Las indagaciones develaron la participación de jueces, fiscales, policías y guías penitenciarios, quienes presuntamente manipulaban procesos judiciales a favor de grupos criminales.
Entre los 29 detenidos estuvo Wilman Terán, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura.
En Chimborazo, las autoridades incautaron celulares, una laptop, documentos y detuvieron a una persona por porte ilegal de arma.
De esta forma se vinculó a varios abogados, como Alex Palacios, Lenin Vimos, Hugo Lara, Michael Hernández, incluido el prefecto Hermel Tayupanda.
Cristian Romero, el abogado prófugo en el caso Metástasis
Cristian Romero, abogado de 32 años oriundo de Santo Domingo pero radicado en Riobamba, es una de las figuras más influyentes en el caso Metástasis.
Formado en la Universidad Nacional de Chimborazo y especializado en Derecho Penal y Constitucional, Romero fue socio de FandeT Abogados.
En está firma adquirió notoriedad al defender a figuras polémicas como Abdalá Bucaram y Leandro Norero, alias “El Patrón”.
Norero, detenido en 2022 por lavado de activos y narcotráfico, fue asesinado meses después en la cárcel de Latacunga.
Su muerte desató una investigación que reveló una red delictiva con conexiones profundas en las instituciones judiciales del país.
Los chats extraídos del teléfono de Norero expusieron a Romero como parte de esta estructura.
Mostrando comunicaciones sobre la negociación de hábeas corpus con jueces de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi.
Estas gestiones buscaban liberar a Norero y sus hermanos a cambio de pagos sustanciales.
En los mensajes, Romero, identificado como “E6NBF5BV Global Pax”, facilitó contactos de jueces influyentes.
Entre ellos Wilman Terán y Luis R., evidenciando su rol activo en las estrategias para evadir la justicia.
Además, se reveló que formaba parte del equipo judicial y contable de Norero, que costaba $50,000 mensuales.
Aunque nunca fue capturado durante los operativos, Romero enfrenta cargos por delincuencia organizada y permanece prófugo.
El paradero de Romero sigue siendo desconocido, mientras avanza la instrucción fiscal del caso.
Álex Palacios abogado de Riobamba vinculado a casos de Corrupción
Álex Palacios, de 30 años, abogado especializado en Derecho Procesal, pasó de ocupar altos cargos en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ) a ser un actor central en el caso Metástasis.
Su vinculación con el narcotraficante Leandro Norero y la red de corrupción judicial desmantelada lo llevó a ser sentenciado en 2024.
Palacios comenzó como subcoordinador jurídico en la CNJ, luego trabajó en la Corte Constitucional.
Más tarde fue director de Asesoría Jurídica del CJ en Chimborazo, nombrado por Wilman Terán, entonces presidente del organismo.
Según la Fiscalía, su rol fue importante para tramitar decisiones judiciales favorables a Norero, especialmente en casos de hábeas corpus.
En su versión ante la Fiscalía, Palacios reconoció haber recibido un soborno de $10,000, que entregó directamente a Terán.
Además, Palacios admitió haber facilitado el ingreso de Angulo al despacho de Terán en la CNJ, donde se discutieron detalles de las negociaciones. A pesar de estas revelaciones, Palacios negó haber participado en otros chats incriminatorios, calificándolos como fabricados.
En julio de 2024, Palacios se sometió a un procedimiento abreviado, aceptando su culpabilidad en el caso.
La Fiscalía solicitó inicialmente una pena de 40 meses.
Pero debido a su colaboración eficaz en investigaciones como Metástasis e Independencia Judicial, su sentencia se redujo a 15 meses de prisión.
Actualmente, Palacios cumple su condena, que comenzó el 14 de diciembre de 2024.
Según el cronograma legal, con la reducción de su pena, podría recuperar su libertad en marzo de 2025.
Lenín Vimos abogado de Riobamba vinculado al caso de corrupción Plaga
Lenín Javier Vimos, conocido como «el abogado de Los Lobos«, ha sido señalado como una figura importante en las investigaciones relacionadas con el caso Plaga.
Vimos utilizó su posición como abogado para mediar entre jueces, policías y reclusos, facilitando acciones ilegales como la liberación irregular de internos a cambio de sobornos.
Entre los cargos más graves que enfrenta se encuentran lavado de activos y tráfico de influencias.
Según la Fiscalía, Vimos habría gestionado hábeas corpus irregulares, incluso para Alexander Quezada, alias «El Rayo«, miembro de Los Lobos, tras su reubicación en la cárcel de Cotopaxi en 2022.
Además, el abogado fue detenido en enero de 2024 con $11,280 en efectivo, una suma que no pudo justificar, y se descubrió que había realizado transferencias internacionales desde Tamaulipas, México, por montos que ascienden a más de $236,000.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reveló que, entre 2022 y 2023, Vimos recibió al menos 11 transferencias por un total de $168,000.
Estas transacciones estarían vinculadas a personas relacionadas con actividades ilícitas, como el narcotraficante Leandro Norero.
Además, las investigaciones muestran que el abogado adquirió bienes a nombre de sus hijos menores de edad para ocultar el origen del dinero.
El caso Plaga, derivado del caso Metástasis, expone cómo Vimos y otros implicados reclutaban internos de distintas cárceles para extorsionarlos, prometiendo beneficios legales a cambio de dinero.
Durante su juicio en diciembre de 2024, el Tribunal lo declaró culpable de lavado de activos, consolidando así la conexión entre sus acciones y la organización criminal Los Lobos.
Hugo Lara Olmos otro de los vinculados riobambeños en casos de corrupción
Hugo Lara Olmos, abogado de Riobamba vinculado al Caso Plaga, reveló un entramado de corrupción durante su testimonio anticipado ante la Fiscalía.
Lara, quien trabajó con Cristhian Romero, explicó cómo Romero sobornaba a jueces para obtener la libertad de criminales de alto perfil.
Detalló que buscaban jueces en provincias remotas, donde pagaban grandes sumas de dinero a cambio de decisiones judiciales favorables.
Uno de los casos más destacados que Lara mencionó fue el de Daniel Salcedo y Jorge Glas, para quienes se gestionaron hábeas corpus mediante el pago de sobornos a jueces, como Banny Molina, quien aceptó el caso a través de una tercera persona.
Lara relató que este tipo de prácticas eran comunes y que los abogados sobornaban a médicos para crear diagnósticos falsos y eliminar evidencias en casos de gran notoriedad, como pornografía infantil y tráfico de migrantes.
Lara también habló sobre los estrechos vínculos de Romero con importantes figuras del sistema judicial, como Wilman Terán, exjuez y presidente del Consejo de la Judicatura.
Según Lara, Romero mantenía relaciones cercanas con jueces como Richard Guillén, y tenía influencia en varias cortes del país, incluyendo las de Cotopaxi y Santo Domingo.
El abogado explicó que, mediante su firma, Fandet Law Firm, se cubrían casos en Quito, Riobamba, Guayaquil y Cuenca, lo que permitió encubrir diversas prácticas corruptas.
Sin embargo, la firma fue disuelta en diciembre de 2023 a raíz de las investigaciones relacionadas con el Caso Metástasis.
Michael Hernández vinculado a Caso Plaga y ex abogado de Hermel Tayupanda
Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, fue vinculado al caso Plaga.
En su testimonio anticipado, Hernández detalló las conexiones entre altos funcionarios como Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Así también con Wilman Terán, exjuez nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura.
Según Hernández, un grupo de abogados reclutaba reclusos y los conectaba con jueces corruptos a cambio de sobornos, facilitando su liberación.
Hernández también relató su relación con Saquicela, quien, a través de actividades académicas y gestiones personales, consolidó una amistad con él.
En 2021, Saquicela recibió un doctorado honoris causa, financiado por una empresa con casos pendientes en la CNJ.
Además, mencionó conflictos entre Saquicela y Terán, quienes, a pesar de haber colaborado en el pasado, tuvieron diferencias personales.
Y también políticas que se manifestaron durante un viaje a México.
El testimonio de Hernández también reveló cómo Saquicela y otros funcionarios judiciales utilizaban su influencia para intervenir en decisiones importantes.
Entre ellas la suspensión del juez Walter Macías, quien se vio envuelto en un caso de tráfico de influencias.
A pesar de que Macías fue reinstalado por una acción de protección, las presiones internas y las corrupciones persistieron dentro del sistema judicial.
Con su declaración, Hernández ha arrojado luz sobre la estructura de corrupción que se está investigando en el caso Plaga.
Además Hernández era el abogado de Hermel Tayupanda quien presuntamente habría pagado una cantidad alta de dinero en un caso de violencia política de género.
Hermel Tayupanda prefecto de Chimborazo tiene relación con los casos de corrupción
Michael Hernández, reveló en su testimonio cómo se manejó la defensa del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, en el caso de violencia política de género interpuesta por la viceprefecta Mónica Loza.
Hernández relató que, en la audiencia, fue presionado para alterar su curso, ya que los involucrados sentían que la sesión estaba siendo «demasiado pasiva«.
En particular, Sebastián L. M., asesor del prefecto, habría exigido que la audiencia fuera más «altercada», lo que llevó a una serie de tensiones.
A pesar de los intentos de manipulación, Hernández logró «accidentar» la audiencia, lo que generó descontento entre los implicados.
Además, Hernández mencionó que, antes de la audiencia, se habría entregado una suma de 30.000 dólares al juez Guillermo A. C.
Y que en Riobamba se había llevado a cabo una reunión donde se discutieron estos pagos.
Después de la audiencia, el prefecto Tayupanda fue declarado inocente.
Hernández también habló de su relación con Cristian Romero, abogado presuntamente vinculado a la defensa de Tayupanda, aunque aclaró que su vínculo no se concretó en una sociedad formal.
El testimonio también incluyó detalles sobre cómo el juez Felipe Córdova lo habría contactado antes de un testimonio relacionado con otros casos de corrupción.