Verónica Abad acusa de ocho conductas de violencia política de género al presidente Daniel Noboa en audiencia en el TCE
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha presentado una denuncia por violencia política de género contra el presidente Daniel Noboa.
Acusándolo de ocho conductas que la afectarían en el ejercicio de su cargo.
Entre las acusaciones destaca un “exilio forzoso” al enviarla a Israel en medio de un conflicto bélico.
Denuncias que alteran la estabilidad política de Ecuador
El proceso comenzó con una audiencia pública en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde se discutieron pruebas y se presentaron acusaciones contra el mandatario.
Abad señala que Noboa, junto a otros funcionarios, la ha privado de sus derechos laborales y políticos, con el fin de impedir que pueda asumir la presidencia en caso de una ausencia temporal del presidente.
La acusación más grave que presenta Verónica Abad es la de haber sido enviada a Israel como embajadora de Ecuador por la paz.
En un momento de conflicto bélico en Medio Oriente.
Abad, quien actualmente se encuentra en Turquía, considera que esta medida fue un “exilio forzoso” que la alejó del ejercicio de sus funciones.
Además, ha señalado a la canciller Gabriela Sommerfeld de haber restringido su libertad de expresión, lo que afectó su capacidad para desempeñar sus deberes políticos.
Enfrentamiento entre Daniel Noboa y Verónica Abad
El enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidenta ha sido tenso desde su inicio.
La denuncia abarca no solo a Noboa, sino también a dos de sus colaboradores cercanos: Diana Jácome y Esteban Torres.
Quienes, según Abad, emitieron declaraciones y actos que menoscabaron su imagen pública.
Abad también ha denunciado que sus derechos laborales fueron vulnerados, impidiéndole cumplir con sus funciones.
La ley ecuatoriana tipifica la violencia política de género como una infracción muy grave, y las posibles sanciones incluyen desde multas económicas hasta la destitución del cargo.
Si se comprueba la culpabilidad, los responsables podrían enfrentar sanciones de hasta 70 salarios mensuales y suspensión de derechos políticos por hasta cuatro años.
El caso continúa su curso en el TCE, donde se espera que el juez Guillermo Ortega emita una sentencia inicial. Las partes implicadas tendrán la posibilidad de apelar la decisión en una instancia superior.
Mientras tanto, la vicepresidenta Abad sigue en su cargo, aunque con una relación deteriorada con el presidente Noboa.
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