Varias han sido las reacciones respecto a las reformas que se han hecho en torno a la Ley Orgánica de Comunicación. Anteriormente se mencionó la posición de Fundamedios, la cual es contraria a lo que se aprobó en la Asamblea Nacional. Por otro lado, también la Sociedad Interamericana de Prensa mostró su postura a favor a la posición de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, con respecto a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación. La SIP asegura que si no se vetan estas reformas sería “un retorno a una época oscura para las libertades de expresión y prensa”. Asimismo, señaló que estas circunstancias se desarrollaron en el Gobierno de Rafael Correa. Por su parte, ante la aprobación de las reformas por parte de la Asamblea, Lasso anotó que “nadie mira con buenos ojos la judicialización de la prensa por emitir una opinión”. Siguiendo el mismo hilo, evocó el pasado y lo calificó como un episodio en donde se desarrolló una “inquisición periodística”. A las reformas el veto total.
La propuesta de Lasso Mendoza para la construcción de una Ley de Comunicación recavará, según sus palabras, “el criterio de periodistas y de medios de comunicación: como debe actuarse en democracia”. Ante esta realidad y coyuntura, el periodista Francisco Andino realiza un análisis sobre lo que se aprobó en la Asamblea Nacional y cuál debería ser el rol del Ejecutivo con respecto a estos cambios, enfatizando que se deben vetar las reformas de ley, incluso como una “jugada política” en beneficio del Poder Ejecutivo.
¿Cómo evalúa a la aplicación de la Ley de Comunicación en el tiempo de Rafael Correa Delgado?
Para el periodismo de hace 5 años fue una de las etapas más complicadas y oscuras, esto porque hubo persecución, sanciones, multas y castigos a periodistas, así como también medios y espacios de opinión desaparecieron; pero, al mismo tiempo de la necesidad de la libertad de expresión se optó por utilizar el Internet, las redes sociales y plataformas virtuales para publicar los reportajes de investigación, entrevistas, espacios de opinión, ya que se sentía cierto aire de libertad en estos espacios de la virtualidad. Del lado de Gobierno, el de Rafael Correa era como un niño en dulcería, y una de las armas más fuertes, luego de la corrupción, era manejar la comunicación, y esto lo realizaron por medio del Estado de propaganda con las sabatinas, además de controlar la línea editorial de los medios públicos.
¿El cuerpo legal pretendió ser una fuente de diversificación de la comunicación ecuatoriana?
Un punto importante fue quitar el monopolio de frecuencias —lo cual se debe reconocer— para aumentar a los medios comunitarios y públicos. Fue una teoría interesante, la verdad, pero en la realidad muy costosa y nada rentable, por eso se mantuvo igual, porque varios concursos continuaron manejándose de la misma manera que en el pasado.
¿Recuerda algún episodio específico de la aplicación de esta ley?
No una aplicación directa, pero sí derivada de la ley cuando la Revista Vanguardia cerró: en su semanario de investigación hicieron muchas publicaciones en contra del Gobierno de Correa, lo de Pedro Delgado en el Banco Central o la venta petrolera a China, que en ese momentos fue duramente criticado por el correato, sobre todo por el presidente de ese entonces, pero luego terminó mostrándose la verdad.
¿Qué pasa ahora con Guillermo Lasso?, ¿el proyecto de ley que envió en sus primeros días de Gobierno es suficiente para regular la comunicación?
Era un proyecto de ley con varios cambios claves. Por ejemplo, eliminar artículos sancionatorios que causaban imposiciones a la libertad de prensa, seguía recomendaciones de la SID, impositivo la eliminación a la protección a los trabajadores de la comunicación. Pero, más que evaluar si fue buena o no, realmente el debate debería estar concentrado en cuál es el peso político de una Asamblea Nacional con una nueva mayoría que le dio la primera derrota al presidente Lasso, y así se entiende que aprueban la propuesta de la minoría de la comisión.
¿Qué opina de las reformas que se aprobaron desde la Asamblea?, ¿hay recuerdos del pasado?
Es prácticamente volver al pasado, pero con una actualización, calcada a la del correísmo. En esta nueva “ley mordaza 2.0” lo que están haciendo es controlar la libertad de expresión y limitar la opinión. Por ejemplo, la ciudadanía no va a poder opinar a cerca de cómo recibió atención en el sistema de salud público por miedo a una represalia. Te dicen no hay sanción penal, pero sí una capacitación, es decir, quieren adoctrinar e imponer. Otro irrisorio es pretender que el Gobierno controle, la verdad cuando no sé señalan los detalles completos de una información, en la práctica del periodismo al conocer un lado de una información otros más aparecen, es imposible controlar lo que plantea esta ley.
¿Cuál debería ser el rol del Poder Ejecutivo ante esta coyuntura?
El veto total a la ley hasta por jugada política, para no dejarse ver débil frente a la nueva mayoría, que va a dar dura pelea, pero es claro el mensaje: apoyas la ley y te vas contra el periodismo, o la vetas y le declaras guerra a la oposición