Delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos es una percepción de la ciudadanía por lo ocurrido con el caso Metástasis y los presos liberados.
Delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos es una percepción de la ciudadanía por lo ocurrido con el caso Metástasis y los presos liberados.
¿Tienen los delincuentes más derechos que los ciudadanos comunes? Analizamos el caso Metástasis, cómo la selectividad en la justicia y la cooperación eficaz alimentan la percepción de impunidad y desconfianza en el sistema judicial.
Los 3 primeros procesados por el caso Metástasis fueron liberados los días 13 y 14 de marzo de 2025.
Mayra Salazar, Álex Palacios y Helive Angulo cooperaron con la justicia, es decir, proporcionaron información relevante durante la investigación.
¿Cuáles eran las funciones de los procesados?
- Salazar trabajaba en el sistema de justicia como relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia y una vez presa dio información para identificar los nexos de Norero con el poder judicial.
- Álex Palacios, ex director del Consejo de la Judicatura en Chimborazo, también parte de una función importante de la justicia colaboró en el entramado de corrupción.
- Helive Angulo, también conocido como alias ‘Estimado’, era el vínculo entre el dinero del narco y los delitos.
Estas tres personas, vinculadas al poder político, económico y social, se acogieron a la figura de cooperación eficaz y al procedimiento abreviado.
Ciudadanos creen que delincuentes tiene más derechos ¿por qué?
Tras la noticia de su liberación, la reacción de los ciudadanos fue de insatisfacción, exigiendo sanciones más contundentes.
Juan Carlos Rosero, abogado y asambleísta, opinó que este caso, además de evidenciar los vínculos con el narcotráfico, agrava la crisis de credibilidad en el sistema judicial, afectando tanto la percepción de los abogados como de los operadores de justicia.
Una afirmación resuena entre la opinión pública: «Los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos comunes.»
Al analizar esta percepción, surgen dos aristas. La primera se enfoca en los derechos y las garantías constitucionales.
Karina Puyol, abogada constitucionalista, señala que los derechos que hoy en día se disfrutan son una respuesta a los abusos cometidos en el pasado.
La famosa frase de las películas:
«Es inocente hasta que se demuestre lo contrario» refleja precisamente lo que ocurre con los derechos en la práctica.
Esto, sin embargo, no significa ‘socapar’ a quienes han infringido las normas sociales, ni que defender los derechos humanos implique necesariamente un exceso de protecciones.
Como bien explica Puyol,
«Los derechos han sido una ardua conquista social».
No obstante, ella sugiere cuestionar
«los intereses políticos que se han plasmado en los cuerpos normativos bajo la máscara de las garantías constitucionales».
En el contexto, vimos cómo grandes figuras, incluidos funcionarios y autoridades con poder, han sido procesadas y encarceladas.
Pero, como explica Adrián Alvarracín, abogado especialista en criminología y docente universitario, aquellos que ostentan poder tienen la capacidad de establecer a quién se criminaliza.
Esta selectividad es evidente cuando ciertas personas, por sus conexiones políticas y sociales, acceden con más facilidad a figuras legales como la cooperación eficaz y el proceso abreviado.
Es aquí donde la percepción de injusticia, mencionada por Rosero, se vuelve palpable entre los ciudadanos comunes.
Quienes respetan la ley y son violentados por quienes no lo hacen, y además ven cómo no son sancionados de manera proporcional, experimentan un malestar que ahora es profundo y generalizado.
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