Elecciones 2025: CNE aprueba prohibición de celulares. La medida fue adoptada por cuestiones de seguridad, tras las votaciones en segunda vuelta.
Elecciones 2025, el CNE aprueba prohibición de celulares. La medida adoptada por cuestiones de seguridad, tras las votaciones en segunda vuelta.
A un mes del pedido del gobierno del candidato presidente Daniel Noboa de prohibir el uso de celulares o dispositivos electrónicos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la medida solicitada por el ministro de Gobierno José de la Gasca.
La presidenta del CNE Diana Atamaint dio a conocer los resultado de la sesión del Pleno del Consejo:
“Prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las Juntas Receptoras del Voto; y, a partir de las 17:00 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), excepto a uno de sus integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para el llenado de las actas de escrutinio”.
La titular del CNE explicó que el objetivo es evitar presiones que provengan de diferentes relaciones de poder.
El pasado 14 de febrero, después de 5 días de las elecciones en primera vuelta, el ministro de la Gasca en una entrevista declaro que:
«Los votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa»
Las condiciones de violencia que vive el país y tomando en cuenta las cifras alarmantes, esta aseveración además de mostrar una preocupación por la seguridad de los votantes.
También abre un espacio que colabora con la polarización que vive el país.
El comunicado muestra que desean evitar que los votantes sean extorsionados, no solo por los grupos delincuenciales sino también por las presiones laborales u otro tipo de presiones.
Del mismo modo, en el comunicado indica que:
«Los delegados de organizaciones políticas, representantes de los medios de comunicación y los Observadores Nacionales e Internacionales podrán capturar imágenes y videos durante la jornada de votación y el proceso de escrutinio.
Ya desde el análisis de legalidad y constitucionalidad, el maestro en Investigación de Política Comparada, Erik Alvarez sugiere que el CNE cede a las presiones del gobierno.
Desde el punto de vista de Javier Chiliquinga, sociólogo, lo que sucede también debe analizarse como una forma de controlar las elecciones, y que esta ‘preocupación’ no está motivada por CNE, sino por el gobierno.
En las declaraciones de la presidenta del CNE recalca que la prohibición del uso de celulares y dispositivos corresponde a la recomendación fundamentaba en datos confidenciales proporcionados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
Con esta aseveración de información confidencial surge la duda; en verdad existe la información, en tal sentido, Alvarez los cuestiona pues,
«No hay denuncias o un proceso de investigación, claro sobre lo que se pretende dar a conocer, de que existieron amenazas, de que extorsionaron por el tema de los votos»
Además, Chiliquinga expresó que si se comprueben estas amenazas el CNE deberá tomar las medidas adecuadas.
En cambio, de no haber las pruebas que avalen esta decisión podría conllevar a sanciones de acuerdo la ley.
Con una perspectiva al futuro, la decisión se prestaría a muchas dudas,
Lo que esta ocurriendo sería una configuración para, incluso manipular cierta parte de la supervisión de la decisión electoral
Reportar el «fraude» en las elecciones
La narrativa del fraude, que ha estado presente a lo largo de los años, y esta vez intento posicionarse.
En las redes sociales fotos o videos captados por celulares y demás dispositivos apuntaban que uno de los candidatos que llegó a la segunda vuelta lo habría hecho.
El presidente Noboa intentó posesionar la idea que la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana habría cometido fraude, esto en sus primeras declaraciones.
Sin embargo, los informes de la Unión Europea y la OEA informaron que no hay evidencias de fraude en las elecciones del pasado 9 de febrero.
Un aspecto que si dieron a conocer la polarización que vive el país y las complejidades en seguridad.
En este sentido, Alvarez señaló que de haber sido así, los candidatos debían presentar pruebas y hacer una demanda por fraude electoral.
Sin embargo, esa narrativa no logró instalarse en la perspectiva de los electores.
Desde la Asamblea, Ana Galarza, legisladora por Construye se pronunció sobre la prohibición e insinuó
Esto es gravísimo, quieren impedir el uso de celulares en el escrutinio por qué, ¿acaso alguien quiere hacer fraude y que nadie pueda reclamar o tener evidencias?
De esta forma, no solo Galarza cuestionó la resolución del CNE, asambleístas de la Revolución Ciudadana, autoridades locales y provinciales mostraron su preocupación.
En el Código de la Democracia indica que no se pueden realizar reformas a ley en materia electoral, en este caso a un mes de las elecciones en segunda vuelta.
Alvarez añadió que:
La ley es clara y dice que tiene que ser un año antes, es decir, hasta el anterior 8 de febrero del 2024 se podía procesar cualquier tipo de reforma a la ley
Es por esto que los cuestionamientos son crecientes desde el punto de vista de ilegalidad e inconstitucionalidad, pues la decisión del CNE es una resolución.
En cuestión de jerarquía, la resolución tiene un grado inferior a una ley.
Reacción de la gente por la decisión del CNE
Desde la visión de Álvarez, esta media que sobrepasa a normas constitucionales y de derechos ciudadanos, podría motivar la resistencia de los votantes.
Es decir, podría levantar la rabia y enojo, porque además no se conoce como será la aplicación y motivaría violencia injustificada de parte parte del personal que está en los recintos electorales.
No obstante, la perspectiva de Chiliquinga es que el elector típico ejecutará sin cuestionar la medida.
Sanciones por incumplir la resolución
El CNE recordó que, de acuerdo con el artículo 279 del Código de la Democracia, desobedecer sus resoluciones constituye una falta electoral muy grave.
Las sanciones pueden variar entre USD 9.870 y USD 32.900, e incluso podrían implicar la pérdida de los derechos políticos.
No obstante, la entidad aún está elaborando un instructivo para determinar el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de la normativa.
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