Comisión de Fiscalización pidió al alcalde de Riobamba John Vinueza parar obra de expansión del cementerio de Calpi hasta aclarar conflicto.
En la sesión del 6 de febrero la Comisión de Fiscalización del Concejo Municipal de Riobamba solicitó al alcalde John Vinueza suspender cualquier obra en el predio de la parroquia Calpi, hasta que se resuelvan las diferencias legales en las instancias correspondientes.
El concejal Galo Falconí mocionó el siguiente pedido.
Exhortar al señor alcalde, y a través de su intermedio, a las direcciones y departamentos correspondientes, detener cualquier tipo de proyecto previsto en el mencionado predio, hasta que las diferencias legales sean resueltas.
Galo Falconí, concejal de Riobamba.
La moción fue aprobada con 3 votos a favor de los concejales Galo Falconí, Rafael Quitio y Carlos Aulla.
También, el concejal Quitio realizó otra moción donde para la siguiente sesión se deberán presentar varios informes para esclarecer el proceso, incluyendo la resolución administrativa de expropiación, la certificación presupuestaria y el parte policial de la intervención.
«No tenemos documentos», mencionó un concejal. Se prevé convocar a una nueva sesión extraordinaria para revisar la información y emitir un informe final.
Además, se solicitó la comparecencia del director de Obras Públicas y de la directora financiera del Municipio para que expliquen el estado del proyecto y la disponibilidad presupuestaria.
Conflicto por la expropiación de Calpi para la obra de expansión
Según Marcelo Treviño, procurador síndico el predio en disputa fue declarado de utilidad pública en 2021 con la finalidad de ampliar el cementerio de la parroquia Calpi.
El 24 de enero de 2025, según el procurador municipal, «el Municipio entró de manera pacífica con el resguardo de la Policía Nacional«, pero se registraron enfrentamientos con los moradores, quienes rechazaron el procedimiento.
Ingresó una persona a lanzar gasolina a los servidores públicos, a la Policía Nacional y a la maquinaria.
Marcelo Treviño, procurador síndico.
Treviño aseguró que, la toma del bien también contó con la presencia del MIES y la Defensoría del Pueblo. Horas mas tarde llegaron delegados de Desarrollo Social del Municipio para brindar ayuda pero fue rechazada.
Sin embargo, los moradores y expropietarios han presentado cuestionamientos al proceso, solicitando incluso la reversión de la expropiación.
La reversión de una expropiación es a petición de parte, dentro del expediente no existe ningún pedido salvo uno que fue contestado por el Municipio, indicando que no cabe.
Marcelo Treviño, procurador.
Por su parte, la defensa de los expropietarios sostuvo que la intervención vulneró los derechos de las familias. «Ninguna autoridad puede estar sobre los derechos humanos», expresó el abogado Pablo Ávalos, representante legal de los afectados.
También, María Asadobay, perjudicada hizo uso de la palabra, recriminó el proceso al presuntamente ser afectada con gas en la cara y arremetió contra el procurador asegurando que ‘no tenía corazón ni sangre’ por haber derrocado su casa.
A su vez, volvió a rechazar el pago de USD 3 mil por los más de 7.563 metros que le ofrece el Municipio Riobamba.
Mientras que, cuando otro de los afectados quiso intervenir, el procurador abandonó la sala de manera abrupta sin dar ninguna explicación.
Por lo que, el futuro del proyecto en Calpi queda en suspenso hasta que se esclarezcan los aspectos legales del proceso. Mientras tanto, los moradores esperan que la decisión del Concejo Municipal frene cualquier intervención hasta que se resuelvan las disputas legales
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